La empresa promotora de los proyectos fotovoltaicos en Lopera (Jaén) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra lo que considera una campaña de desinformación promovida por SOS Rural, Ecología y Libertad y la Plataforma Campiña Norte. Según la compañía, estas organizaciones están difundiendo información falsa y manipulada, con el objetivo de confundir a los vecinos, desacreditar los procedimientos administrativos y presionar indebidamente al Ayuntamiento.
Licencias y autorizaciones plenamente válidas
La promotora sostiene que los proyectos cuentan con Autorizaciones Administrativas firmes y vigentes, tramitadas conforme a la normativa sectorial, eléctrica, territorial y ambiental aplicable. Por ello, cualquier afirmación que vincule al Ayuntamiento con responsabilidad patrimonial carece de fundamento. “En todo caso, si existiera responsabilidad patrimonial, sería a favor de la empresa, ya que las licencias de obra son un acto reglado”, aclara la promotora.
El uso del planeamiento urbanístico no puede bloquear licencias legales
La compañía advierte que instar al Ayuntamiento a aprobar un Plan Especial con la finalidad de paralizar proyectos que ya cuentan con autorizaciones legales constituye un uso desviado del planeamiento. La empresa subraya que los procedimientos administrativos reglados no pueden ser obstaculizados por medidas arbitrarias, ya que ello generaría daños a un administrado que no está obligado a soportar.
Trámite ambiental completo y conforme a la ley
Contrario a lo que afirman las asociaciones, los proyectos pasaron por un procedimiento ambiental exhaustivo, incluyendo:
-
Autorización Ambiental Unificada para la obtención del informe vinculante.
-
Estudios completos sobre impacto ambiental.
-
Informes sectoriales y consultas a organismos competentes.
-
Exposición pública de los proyectos.
Todo ello según lo establecido en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, categoría 2.6 BIS.
Fase de información pública y ausencia de alegaciones
Durante la fase legalmente prevista de información pública, ninguna de las asociaciones presentó alegaciones técnicas o ambientales. La empresa asegura que sus críticas posteriores buscan reabrir un procedimiento fuera de plazo, sin que existiera oposición formal en el momento oportuno.
Plazos legales de recurso expirados
La Ley 39/2015 establece un plazo de un mes para interponer recurso de alzada desde la notificación. Ninguna asociación presentó recurso dentro de este plazo, por lo que las autorizaciones administrativas son firmes y consentidas. Intentar revisar estas resoluciones ahora carece de fundamento y solo pretende generar confusión sobre la situación jurídica real de los expedientes.
Resoluciones del TSJA y comparaciones incorrectas
La promotora denuncia que las asociaciones citan resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para sugerir nulidad de pleno derecho en los expedientes actuales. Según la empresa, estas resoluciones corresponden a otros casos con recursos válidos y en plazo, y no aplican a los proyectos de Lopera.
La empresa defenderá su reputación y la legalidad de los proyectos
La promotora asegura que actuará con firmeza para proteger la seguridad jurídica de sus proyectos y la veracidad de todos los procedimientos administrativos frente a campañas basadas en afirmaciones engañosas o presiones externas. “Mantendremos nuestro compromiso con la legalidad y el desarrollo responsable de energías renovables”, concluye la compañía.
