La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha denunciado públicamente la “clara intención” del Ayuntamiento de Lopera de conceder de forma inminente las licencias urbanísticas necesarias para iniciar las obras de varias macroplantas fotovoltaicas que afectarían al término municipal. Según afirma, las últimas reuniones con la alcaldesa y el secretario municipal revelan “un intento evidente de justificar la urgencia sin motivos legales que lo respalden”.
Corbalán sostiene que, desde que comenzó la macrocausa legal para frenar la destrucción de olivares centenarios en los municipios de la Campiña Norte de Jaén, han detectado “numerosas incongruencias y cambios de versión” por parte del equipo de gobierno.
Compromisos incumplidos y prisa “sorprendente” por otorgar licencias
SOS Rural recuerda que en la reunión mantenida el pasado 22 de octubre, la alcaldesa afirmó “de forma categórica” que no concedería ninguna licencia —ni de parques solares ni de líneas de evacuación— hasta que:
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La Junta de Andalucía resolviera los recursos de revisión de oficio presentados por SOS Rural y Ecología y Libertad.
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Se aprobara el Plan Especial de ordenación vinculado a los proyectos fotovoltaicos, actualmente paralizado por un requerimiento.
Corbalán subraya que la actitud actual del Ayuntamiento contradice completamente aquel compromiso:
“Ahora, de forma repentina, la alcaldesa parece tener prisa por autorizar unas obras que siguen envueltas en irregularidades y que no cuentan con ninguna resolución definitiva.”
“No existe motivo legal” para acelerar las licencias
La portavoz explica que no hay resolución definitiva de los recursos ni tampoco resolución de inadmisión, lo que invalida cualquier urgencia para autorizar las obras. Incluso si estos recursos fueran inadmitidos, será un juez de lo contencioso quien determine la legalidad de los proyectos, que SOS Rural considera fraccionados ilegalmente, en lo que califican como “un claro fraude de ley”.
De confirmarse ese fraude, ello implicaría la nulidad automática de los proyectos fotovoltaicos.
Posibles responsabilidades patrimoniales y penales
Corbalán advierte que, si el Ayuntamiento otorga licencias a sabiendas de que los proyectos están recurridos por causa de nulidad, la alcaldesa podría enfrentarse a:
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Responsabilidad patrimonial, en caso de que las empresas promotoras reclamen daños.
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Responsabilidad penal, por un posible delito de naturaleza medioambiental.
“Otorgar licencias en estas condiciones puede comprometer seriamente al Ayuntamiento y generar un perjuicio económico directo al municipio”, alerta la portavoz.
SOS Rural señala motivaciones políticas detrás de la aceleración
La plataforma afirma que, al no existir base legal alguna para autorizar ahora las obras, la única explicación plausible es que existan “motivos de naturaleza política” detrás de esta aceleración.
Corbalán afirma que esta decisión supondría “una traición al pueblo de Lopera, a sus agricultores, a su territorio y a su supervivencia”, insistiendo en que la lucha por proteger los olivares centenarios seguirá en los tribunales y en la calle.
