La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará este martes 22 de julio la licencia de obras para dos nuevas plantas solares fotovoltaicas de gran escala: Guadame Solar 1 y Guadame Solar 2, con una potencia conjunta superior a los 70 megavatios. Ambos proyectos, promovidos por las firmas Mirzan Solar y Nunki Solar –con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid)– se ubicarán entre los términos municipales de Bujalance y Córdoba capital, en los parajes de La Cansina y Zaragoza Baja. La aprobación administrativa avanza a pesar de las alertas lanzadas por colectivos vecinales y ecologistas que advierten del creciente impacto ambiental y territorial de este tipo de infraestructuras en la comarca del Alto Guadalquivir.
Las instalaciones contarán con más de 121.000 paneles solares de 585 Wp cada uno y sistemas de evacuación mediante líneas subterráneas de media tensión a 30 kV, con trazado previsto sobre caminos públicos y veredas como la Vereda de Jaén y la de Bujalance. Esta ocupación del dominio público pecuario, cifrada en casi 20 metros cuadrados, ha generado preocupación entre asociaciones defensoras del medio rural, que denuncian la falta de evaluación integral de los efectos acumulativos de estos macroproyectos en el paisaje, la biodiversidad y los usos tradicionales del suelo.
Según consta en la documentación técnica, ambos proyectos fueron redactados por el ingeniero Javier Rico Calzada, con experiencia en instalaciones fotovoltaicas, y cuentan con la implicación de Lader Energy, a través de su presidente Francisco Poblador Moreno. Las plantas utilizarán inversores de gran capacidad (3.630 kVA) y una estructura de seguidores solares a un eje, lo que implica una ocupación territorial intensiva y una modificación sustancial del relieve agrícola.
Desde la Plataforma Stop Mega Plantas Alto Guadalquivir se alerta sobre la “proliferación sin control de megaplantas solares” en el entorno del valle del Guadalquivir, que, lejos de fomentar un modelo energético distribuido y respetuoso con el territorio, estaría consolidando “una concentración empresarial opaca y de escasa conexión con las necesidades reales de los municipios afectados”.
La plataforma denuncia además el escaso margen de participación pública y el limitado acceso a la información para vecinos y colectivos locales, así como la nula garantía de retorno económico o laboral para las poblaciones cercanas. “Se está sacrificando territorio fértil, biodiversidad y paisaje a cambio de beneficios que van a parar fuera del territorio”, afirman.
Mientras tanto, las licencias siguen adelante. La GMU, en cumplimiento de los trámites administrativos, ha avalado las condiciones técnicas de ambos proyectos, que podrían iniciar sus obras en los próximos meses. Con ello, Córdoba suma dos nuevos pasos en la expansión del modelo de megainfraestructura fotovoltaica, en un contexto donde la sostenibilidad y la rentabilidad social del modelo energético se colocan cada vez más en el centro del debate.
