La organización agraria ASAJA ha reclamado al Gobierno de España una posición firme en las negociaciones europeas sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), al considerar que la propuesta actualmente sobre la mesa para el periodo 2028-2034 no garantiza los recursos necesarios para afrontar los retos del sector.
Coincidiendo con la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 18 y 19 de junio, donde los líderes comunitarios abordan el próximo Marco Financiero Plurianual, ASAJA ha mostrado su preocupación por un planteamiento que, según denuncia, supondría una pérdida cercana al 5% del valor real del presupuesto agrario.
La organización considera insuficiente la propuesta presentada por la Presidencia chipriota de la Unión Europea, pese a que mantiene la PAC como una política específica y contempla mecanismos de protección para las ayudas directas. Entre las principales cuestiones pendientes, ASAJA señala la falta de garantías sobre la actualización del presupuesto conforme a la inflación, el futuro de los pagos directos o la flexibilidad entre fondos.
Desde ASAJA advierten de que la Unión Europea no puede exigir más controles, requisitos medioambientales y carga burocrática a agricultores y ganaderos mientras reduce la financiación destinada al sector. A su juicio, esta contradicción pone en riesgo objetivos estratégicos como la seguridad alimentaria, la competitividad y la autonomía productiva europea.
La organización también ha respaldado la postura que España ha mantenido hasta ahora respecto a los futuros mecanismos de financiación comunitaria, especialmente en lo relativo a preservar el carácter común de la PAC y evitar que quede integrada en un fondo único junto a otras políticas europeas.
Por ello, ASAJA insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a asumir un papel protagonista en las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos meses. La organización recuerda que España es una de las principales potencias agrarias de la Unión Europea y uno de los países que más fondos recibe de la PAC, por lo que considera fundamental que defienda una política agraria con financiación suficiente y adaptada a las necesidades del campo.
