La alianza formada por las plataformas ciudadanas Campiña Norte contra las megaplantas solares, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad ha remitido 29 escritos a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, y a los diez concejales de este municipio de Jaén, tanto del Gobierno como de la oposición, en los que advierte de que las autorizaciones de las instalaciones fotovoltaicas previstas en esta localidad y en los términos municipales vecinos de Arjona y Marmolejo son nulas de pleno derecho.
En estos documentos se comunica a los ediles las consecuencias que podría tener la concesión de licencias para estas plantas, al considerar que los proyectos incurren en vicios que los hacen ilegales y que, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, conllevarían la anulación de las autorizaciones sectoriales y ambientales.
La acción se enmarca en la macrocausa abierta en España contra instalaciones fotovoltaicas en terrenos agrícolas productivos. En este caso, el conflicto afecta a olivares tradicionales de la Campiña Norte de Jaén. Las asociaciones denuncian un supuesto fraccionamiento ilegal de los proyectos para dividir en varias plantas de menos de 50 megavatios lo que consideran un solo megaproyecto, con el objetivo de evitar la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y eludir una evaluación ambiental conjunta.
El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró la nulidad de autorizaciones para instalaciones en estos municipios, confirmando los criterios previamente establecidos por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, los alcaldes y concejales deben tener en cuenta que, de conceder licencias, las promotoras podrían ejercer acciones de responsabilidad patrimonial contra los ayuntamientos cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales.
Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte, recuerda además que el pasado mes de febrero se interpuso una demanda penal por presunta prevaricación medioambiental contra varios órganos administrativos y empresas promotoras, presentada por propietarios afectados por los proyectos a los que se pretendía expropiar sus tierras. Alcalá subraya que ya entonces se pidió a los ayuntamientos no conceder licencias hasta aclarar los procesos y estudiar la viabilidad de los proyectos.
Los escritos enviados a Lopera, Arjona y Marmolejo solicitan asimismo información sobre el estado de tramitación de las licencias. En caso de que estas ya se hayan concedido, las asociaciones reclaman acceder a los expedientes; si aún están en trámite, piden personarse en ellos. La petición se formula en virtud del derecho de acceso a la información pública recogido en la Ley 19/2013, de Transparencia, y en la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Según Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, el plazo de 20 días hábiles para responder a estas solicitudes expiró el 25 de agosto de 2025 sin que los ayuntamientos hayan ofrecido contestación.
Las plataformas advierten finalmente de que la concesión de licencias a estas nueve instalaciones fotovoltaicas podría ser constitutiva de un presunto delito contra el medio ambiente. “Tenemos claro que en esta defensa de los olivos tradicionales somos David frente a Goliat, pero también sabemos que la ley y la verdad están de nuestra parte”, sostiene Corbalán, quien añade que aprobar licencias en estas condiciones supondría incurrir en ilegalidad con consecuencias tanto administrativas como penales.
Por su parte, Rafael Alcalá critica lo que considera una actitud de menosprecio hacia los ciudadanos por parte de empresas y administraciones al “usar una interpretación sibilina de las leyes” y recuerda que la administración pública debe actuar al servicio de los ciudadanos, sin anteponer intereses políticos o partidistas.
