Unos 1.500 vecinos de distintos puntos de la España rural, entre ellos representantes del Alto Guadalquivir y del municipio jiennense de Lopera, participaron este sábado en la manifestación celebrada en Madrid contra la instalación de grandes proyectos energéticos en el medio rural. La protesta, convocada bajo el lema “Salvemos el mundo rural agredido”, recorrió el Paseo del Prado desde Atocha hasta Cibeles para denunciar el abandono institucional, la pérdida de servicios y la proliferación de macroinstalaciones que —según los organizadores— amenazan el equilibrio ambiental y social de las zonas rurales.
En la marcha estuvo presente la plataforma Stop Megaplantas Solares del Alto Guadalquivir, junto a otros colectivos de toda España que reclaman un modelo de transición energética “justo y sostenible”. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “¡Placas no, olivos sí!” o “¡Especuladores fuera de mi tierra!”, expresando su rechazo a los proyectos de grandes plantas fotovoltaicas que afectan a zonas agrícolas productivas.
Entre los asistentes, vecinos de Lopera expresaron su preocupación por los proyectos promovidos por la empresa Greenalia, que prevén la instalación de varias plantas solares en el término municipal. Rafael Alcalá, uno de los representantes del grupo local, explicó que “estos proyectos pretenden expropiar a propietarios legítimos su olivar y su medio de vida”, y denunció que las empresas intentan “amedrentar a los agricultores para lograr acuerdos de alquiler a bajo coste”. Alcalá subrayó que en Lopera “el 90% de la población vive del olivar” y que estos macroproyectos “no traerán empleo ni beneficio alguno para el municipio”.
La manifestación, respaldada por medio centenar de entidades, contó con la participación de miembros de plataformas como Soria Ya o Aragón-Teruel Existe, así como con la intervención del diputado Tomás Guitarte, quien advirtió que el modelo actual “vuelve a sacrificar los pueblos rurales en favor del desarrollo de otras zonas del país”.
Los organizadores reclaman la paralización de los proyectos considerados “invasivos” y piden una planificación energética que respete los derechos de las comunidades rurales, la protección del paisaje y el aprovechamiento racional del territorio.
Desde el Alto Guadalquivir, las plataformas ciudadanas aseguran que continuarán impulsando acciones informativas y de coordinación con otros municipios afectados para defender el patrimonio agrícola, natural y social de la comarca.
