Algallarín aprueba una ordenanza para proteger los caminos rurales con multas de hasta 30.000 euros

La nueva normativa regula el uso, conservación y mantenimiento de la red de caminos públicos, limita el paso de vehículos pesados y sanciona ocupaciones, vertidos y daños al dominio público

29 de junio de 2026 a las 09:05h
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La ELA de Algallarín aprueba una ordenanza que regula el uso de los caminos rurales, fija sanciones de hasta 30.050 euros y refuerza su conservación.
La ELA de Algallarín aprueba una ordenanza que regula el uso de los caminos rurales, fija sanciones de hasta 30.050 euros y refuerza su conservación.

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín ha aprobado de forma definitiva su primera Ordenanza Municipal reguladora del uso, conservación y protección de los caminos rurales, después de que el texto permaneciera durante 30 días hábiles en exposición pública sin recibir alegaciones. La normativa ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor tras cumplirse el plazo legal establecido.

El objetivo de la ordenanza es dotar de un marco jurídico específico a la red de caminos públicos del municipio, regulando su utilización, mantenimiento y protección frente a ocupaciones, deterioros o usos indebidos. La ELA recuerda que en 2023 completó, junto a la Diputación de Córdoba, el inventario y digitalización de toda su red de caminos, una herramienta que ahora sirve de base para esta nueva regulación.

Caminos para uso público y agrícola

La ordenanza define los caminos rurales como bienes de dominio público destinados al tránsito de personas, vehículos y maquinaria agrícola, así como a actividades ganaderas, forestales, recreativas y de contacto con el medio natural. También clasifica la red viaria en tres categorías según el ancho de la calzada: seis, cinco y cuatro metros.

Entre las principales novedades, se establece que la ELA podrá limitar temporalmente el acceso a determinados caminos por motivos ambientales, de seguridad o conservación, e incluso restringir el paso de vehículos, animales o personas cuando las circunstancias lo aconsejen.

Nuevas obligaciones para agricultores y usuarios

La normativa prohíbe expresamente una serie de actuaciones que deterioran los caminos, como cultivar sobre ellos, estacionar de forma permanente maquinaria agrícola, arrojar escombros o residuos, realizar hogueras, cegar cunetas, instalar cerramientos que invadan el dominio público o ejecutar obras sin autorización. Además, fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en toda la red de caminos rurales.

También regula aspectos como la distancia mínima para plantar árboles junto a los caminos, la ubicación de cancelas y vallados, las medidas de prevención de incendios o las obligaciones de los propietarios de fincas para garantizar el correcto drenaje de las aguas.

Control sobre los vehículos pesados

Otro de los aspectos destacados es la limitación al tránsito de vehículos de más de 30 toneladas, que necesitarán autorización municipal previa, salvo determinadas excepciones ligadas a la actividad agrícola. En los casos autorizados, la ELA podrá exigir garantías económicas para responder de posibles daños en el firme.

Asimismo, la ordenanza prevé que determinadas obras de mejora de caminos puedan financiarse mediante contribuciones especiales de los propietarios beneficiados cuando las actuaciones incrementen el valor o el acceso a sus explotaciones.

Multas de hasta 30.050 euros

El texto incorpora un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones oscilan entre los 60,10 euros para las infracciones leves y los 30.050,61 euros para las muy graves.

Entre estas últimas figuran ocupar caminos públicos con vallados o cadenas, apropiarse de parte del camino alterando mojones, realizar obras que destruyan el firme o modificar las cunetas para alterar el curso de las aguas. También se consideran graves la circulación de vehículos pesados sin autorización, el abandono de maquinaria o la quema de restos agrícolas en los caminos.

Con esta ordenanza, la ELA de Algallarín pretende reforzar la conservación de una infraestructura esencial para la actividad agrícola y garantizar que los caminos rurales continúen siendo de uso público, seguro y compatible con el desarrollo económico y el disfrute del entorno natural.

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