La localidad de Lopera se sitúa en el centro de una creciente polémica medioambiental y judicial. Las plataformas SOS Rural y Ecología y Libertad han anunciado el inicio de una macrocausa judicial sin precedentes contra la expansión de instalaciones fotovoltaicas en suelos agrícolas, especialmente en la Campiña jiennense.
El detonante ha sido la tala de olivos centenarios para la construcción de parques solares en el término municipal de Lopera. Una medida que ha levantado una ola de indignación vecinal, protestas públicas y recogidas de firmas que ya superan las 122.000 adhesiones. Esta ofensiva legal, que se hará oficial en rueda de prensa el próximo 22 de julio en Madrid, pretende frenar lo que califican como un modelo “especulativo y desordenado” de implantación de energías renovables.
La primera acción concreta será un estudio jurídico y ambiental exhaustivo de los proyectos solares ya aprobados o en trámite en Lopera y su entorno, con la vista puesta en bloquear nuevas licencias que afecten al olivar tradicional. Estas acciones irán acompañadas de medidas cautelares si se considera necesario.
Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha señalado que “se está permitiendo la destrucción de un patrimonio agrícola e histórico sin orden ni control, cuando existen alternativas viables en terrenos degradados o industriales”. La plataforma exige a la Junta de Andalucía que apruebe con urgencia el “Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el T.M. de Lopera”, registrado el pasado abril y pendiente de respuesta antes del 22 de julio.
La preocupación no es solo agrícola. Según Manuel Fernández, abogado de la Asociación Ecología y Libertad, los proyectos planteados amenazan hábitats sensibles, como el del Alzacola rojizo, una especie protegida cuyo entorno podría verse gravemente alterado.
El debate también pone en entredicho el actual Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Ley LISTA, que permiten implantar energías renovables en suelo rústico sin priorizar terrenos ya degradados. “Estas normativas ignoran los principios de precaución y sostenibilidad real”, concluye Fernández.
En Lopera, el malestar es palpable. Agricultores, vecinos y colectivos sociales coinciden en defender su tierra, su olivar y su modo de vida frente a una transformación que sienten impuesta y descontrolada.
