La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha rechazado de manera categórica las advertencias judiciales enviadas por la multinacional energética Greenalia S.A., relacionadas con sus críticas públicas a los proyectos fotovoltaicos que la compañía promueve en Lopera (Jaén) y que implican la tala de miles de olivos centenarios y tradicionales.
El burofax, firmado por el CEO de la empresa, Manuel García Pardo, constituye un “último requerimiento formal” en el que se advierte que cualquier nueva manifestación de Corbalán, “por mínima que sea”, será considerada una reiteración dolosa y dará lugar de forma inmediata a acciones civiles, penales y complementarias, incluyendo reclamaciones económicas por daños reputacionales y patrimoniales. Además, la empresa insiste en que la cobertura asociativa de SOS Rural no excluye la responsabilidad personal de su portavoz, quien podría ser llamada a responder individualmente.
Frente a estas advertencias, Natalia Corbalán ha defendido que sus declaraciones y actuaciones se han realizado siempre en el marco de la legalidad, orientadas a proteger el interés general y la participación ciudadana. La portavoz afirma que el requerimiento de Greenalia carece de base jurídica suficiente y que el objetivo de la compañía parece ser “amedrentar y coartar la legítima defensa del interés colectivo” y desalentar la intervención pública en la evaluación de proyectos empresariales de impacto social y ambiental.
“Las manifestaciones que realizamos desde SOS Rural no son imputaciones falsarias de hechos delictivos ni buscan difamar a la empresa; son valoraciones basadas en información objetiva y contrastable, dirigidas a garantizar la protección del entorno rural y los derechos de los ciudadanos”, subraya Corbalán. La portavoz insiste en que el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión goza de especial protección legal, y que únicamente la difusión de imputaciones deliberadamente falsas podría constituir un ilícito penal.
El conflicto entre Greenalia y SOS Rural pone de relieve la tensión entre el desarrollo de proyectos de energía renovable y la preservación del entorno rural en Lopera, Jaén. La tala de olivos centenarios y tradicionales ha generado preocupación entre vecinos, agricultores y colectivos ambientales, quienes consideran que estas actuaciones pueden tener consecuencias graves en la economía local, el patrimonio agrícola y el paisaje cultural.
Corbalán asegura que continuará ejerciendo sus derechos y se reserva la posibilidad de interponer acciones civiles, administrativas o penales para defender su honor y la participación ciudadana, al tiempo que exige que cualquier requerimiento futuro de Greenalia se formule con respeto a los derechos fundamentales y sin amenazas judiciales infundadas.
SOS Rural también ha recordado que su labor de vigilancia y denuncia se basa en la legalidad vigente y el interés público, y que las acciones de la empresa energética podrían considerarse una represalia prohibida por la legislación española, especialmente en materia de protección a denunciantes y defensores del interés general.
En este contexto, el caso pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la necesidad de equilibrar los proyectos energéticos con la sostenibilidad del medio rural, la conservación de la agricultura tradicional y el respeto a los derechos de las comunidades locales, un asunto que sigue generando polémica en Jaén y otras provincias andaluzas afectadas por proyectos similares.
