El Tribunal de Instancia nº 2 de Andújar confirma que los proyectos fotovoltaicos promovidos en Lopera, Marmolejo y Arjona incurren en irregularidades graves “idénticas” a las ya apreciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2025, cuando anuló una megaplanta solar en Bujalance y Montoro por fraude de ley ambiental. El auto, fechado el 26 de enero de 2026, apunta a una fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varias instalaciones de menos de 50 megavatios para eludir la competencia estatal y rebajar los controles ambientales.
En el cuerpo de la resolución, la jueza considera que esta práctica impide una evaluación ambiental ordinaria conjunta que analice el impacto real sobre el ecosistema y la economía agraria del territorio, especialmente en una zona marcada por el cultivo del olivar y la presencia de especies vulnerables como el alzacola rojizo, cuya protección no fue adecuadamente contemplada en los expedientes.
El portavoz de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, Rafael Alcalá, ha señalado que este auto supone un punto de inflexión en el conflicto. “Tenemos un primer pronunciamiento judicial que reconoce que existe fraude de ley y fragmentación. Aunque la jueza no aprecia delito penal y nos remite a la vía administrativa —que ya está en marcha con el recurso contencioso—, deja claro que la tramitación no es legal”, ha explicado.
Alcalá subraya que el auto desmonta el principal argumento de los ayuntamientos afectados para conceder las licencias. “La forma que tenían de justificar que debían otorgarlas era decir que todo era legal. Ahora una jueza dice que no, que hay fraude de ley. Por tanto, ya no hay excusa para que los ayuntamientos de Lopera, Marmolejo y Arjona no decreten la paralización de las licencias hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva el recurso contencioso administrativo”, ha afirmado.
Las plataformas ciudadanas y ecologistas advierten de que autorizar los proyectos en este contexto podría acarrear graves consecuencias económicas para los consistorios, desde indemnizaciones millonarias a las promotoras en caso de anulación hasta responsabilidades patrimoniales inversas por los daños causados a los agricultores. A ello se suma la posible obligación de asumir los costes de restauración ambiental y demolición de las instalaciones.
Las irregularidades señaladas por el tribunal, además, contaminan jurídicamente la línea de alta tensión Doña María–Guadame, infraestructura privada imprescindible para evacuar la energía de las plantas solares y que atraviesa varios municipios del Alto Guadalquivir. Según denuncia Alcalá, esta línea supone “un golpe letal para la economía agraria local”, al afectar a parcelas de regadío de alta productividad y a infraestructuras de riego que podrían quedar dañadas por el paso de maquinaria pesada.
