La investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz llega también al ámbito europeo. La Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para reclamar que se examine la seguridad de la red ferroviaria española y, en particular, la gestión de la infraestructura bajo responsabilidad de Adif.
La iniciativa se produce cuando han transcurrido ocho meses desde el siniestro del 18 de enero, en el que 46 personas perdieron la vida después de que un tren de Iryo descarrilara en la línea Madrid-Sevilla y los vagones afectados invadieran la vía por la que circulaba un Alvia de Renfe. La investigación técnica y judicial sobre lo ocurrido continúa abierta.
La asociación, representada por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha trasladado a la ERA documentación procedente de las diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil, además de referencias a las actuaciones desarrolladas en el marco de la investigación del accidente.
Una petición centrada en la infraestructura
Uno de los puntos que el colectivo quiere que se examine es la capacidad del sistema ferroviario para detectar una rotura de vía antes de que pueda provocar un accidente. La investigación preliminar del siniestro situó el origen del descarrilamiento en una rotura del carril en las proximidades de una soldadura, mientras que varios trenes que circularon por ese punto antes del Iryo presentaron señales compatibles con daños en sus ruedas.
La asociación sostiene que estas circunstancias ponen de manifiesto problemas que van más allá del accidente concreto de Adamuz. En su escrito hace referencia a las roturas de vía registradas en la red española y a advertencias realizadas anteriormente por el sindicato de maquinistas SEMAF.
Entre las cuestiones que plantea figuran también los efectos de la fatiga de materiales, las deformaciones de las vías, las limitaciones de velocidad aplicadas en algunos tramos y el incremento del tráfico ferroviario tras la entrada de nuevos operadores de alta velocidad.
El colectivo reclama que la Agencia Ferroviaria Europea determine si las autoridades españolas han ejercido de forma suficiente sus funciones de supervisión sobre el gestor de la infraestructura y si, después del accidente, se han adoptado medidas adecuadas para reducir los riesgos detectados.
Más medidas que afectan a los trenes y a las emergencias
La denuncia no se limita al estado de las vías. Las víctimas también ponen sobre la mesa otras cuestiones relacionadas con la seguridad de los trenes y la respuesta ante posibles accidentes.
Entre ellas se encuentra la ausencia de cámaras exteriores en los convoyes para facilitar la vigilancia de la infraestructura, la falta de sistemas de geolocalización autónomos que permitan localizar un tren después de un descarrilamiento y las medidas para impedir que el equipaje pueda desplazarse por el interior de los vagones durante un accidente.
También cuestionan la existencia de protocolos homogéneos y coordinados entre los distintos servicios de emergencia.
La asociación considera que estas cuestiones deben analizarse conjuntamente dentro de una auditoría sobre la gestión de la infraestructura ferroviaria, con especial atención al papel desempeñado por Adif y por los organismos nacionales encargados de supervisar la seguridad.
La ERA ya intervino tras el accidente de Santiago
La petición de las víctimas llega además a un organismo europeo que ya tuvo un papel relevante después del accidente de Santiago de Compostela de 2013. En aquel caso, la Agencia Ferroviaria Europea cuestionó la independencia de la investigación realizada entonces por la CIAF.
En el caso de Adamuz, la propia ERA ya está relacionada con la investigación actual, aunque con un papel diferente: la CIAF invitó a la agencia europea a participar como observadora en el proceso, una propuesta que fue aceptada. La investigación técnica continúa siendo competencia de la comisión española.
Ahora, la Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz reclama a la agencia europea que vaya un paso más allá y compruebe si las autoridades españolas han actuado con la suficiente intensidad después del accidente.
El colectivo sostiene que, desde el siniestro, las principales actuaciones conocidas han pasado por reducciones temporales de velocidad, que considera medidas preventivas pero no suficientes para corregir las deficiencias que denuncia.
Por su parte, Adif ha mantenido que el accidente no estuvo provocado por un déficit de mantenimiento, aunque ha señalado su disposición a atender las recomendaciones que puedan surgir de las investigaciones sobre la necesidad de reforzar los sistemas de inspección de las vías.
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