Nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, una de las principales pruebas para esclarecer qué ocurrió aquella noche todavía está pendiente de análisis. Los tramos de carril retirados de la zona del siniestro aún no han sido examinados en laboratorio, pese a que su estudio debe ayudar a determinar el origen de la rotura que precedió al descarrilamiento.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a reclamar que se lleven a cabo estas pruebas y ha situado en ellas una de las claves para avanzar en la investigación. Sus declaraciones se producen después de que hayan trascendido informaciones sobre un supuesto nuevo informe de la Guardia Civil relacionado con el accidente.
Puente ha negado que exista un nuevo informe con conclusiones sobre las causas del siniestro. Según ha explicado, el documento al que se ha hecho referencia es en realidad un acta de inspección ocular realizada nueve meses después del accidente, que, a juicio del ministro, no aporta novedades relevantes sobre el origen de la rotura.
La incógnita sigue siendo el origen de la rotura
Los trabajos realizados hasta ahora han permitido establecer que el carril se rompió antes de que se produjera el descarrilamiento, pero queda por determinar qué provocó ese fallo.
En la investigación se mantienen abiertas distintas posibilidades, entre ellas un posible defecto de fabricación del carril o un problema relacionado con la soldadura. Para determinar cuál de estas hipótesis se ajusta a lo ocurrido es necesario analizar físicamente los fragmentos de vía.
El resultado de esas periciales podría tener además consecuencias sobre la investigación judicial, ya que permitiría determinar si detrás de la rotura pudo existir algún problema relacionado con la fabricación, la instalación, el mantenimiento o la conservación de la infraestructura.
La autorización judicial llegó en julio
El análisis de los carriles también ha estado condicionado por el procedimiento judicial abierto tras el accidente. La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el pasado 20 de julio el traslado de varios tramos de vía para que fueran sometidos a las correspondientes pruebas.
Una vez que las muestras lleguen a los laboratorios encargados de su estudio, estos dispondrán de un plazo de seis meses para elaborar sus conclusiones.
La situación mantiene abierta, por tanto, una de las preguntas fundamentales del accidente ocurrido el 18 de enero. Mientras continúan las investigaciones y el debate sobre las posibles causas, la prueba material que puede aportar respuestas definitivas todavía no ha sido examinada.
Puente ha defendido la necesidad de que la investigación se desarrolle con independencia y respetando las garantías judiciales, pero también ha cuestionado el tiempo transcurrido sin que se hayan podido completar las periciales.
Hasta que los carriles sean analizados y los expertos determinen las características y el origen de la rotura, cualquier explicación sobre la causa concreta del accidente seguirá siendo una hipótesis. El estudio de esos materiales será determinante para avanzar tanto en el esclarecimiento del siniestro como en la depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder.
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