La alianza formada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera, por los proyectos fotovoltaicos que amenazan con la tala de miles de olivos en el municipio loperano.
Según explican las organizaciones, las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho, debido a la fragmentación artificial de los proyectos, diseñada para eludir la competencia estatal y evitar una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera.
“El fraccionamiento permite tramitar como expedientes independientes lo que en realidad es un único macroproyecto, eludiendo controles ambientales esenciales y privando a la ciudadanía de un análisis integral de los impactos acumulados”, detalla Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Por su parte, Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, subraya que “la Campiña Norte de Jaén no es un solar industrial, es tierra fértil de alto valor productivo, garantía de soberanía alimentaria y sustento de miles de familias, y no vamos a permitir que se sacrifique en beneficio de intereses especulativos privados”.
Recurso contra el Ayuntamiento de Lopera
El segundo recurso se dirige al Consistorio loperano, tras el Decreto 2025-572, por el cual la alcaldesa Carmen Torres levantó la suspensión provisional de licencias de obra vinculadas a estos proyectos fotovoltaicos. “Levantar la suspensión mientras existen recursos judiciales y dudas sobre la legalidad de los proyectos es arriesgado e insostenible jurídicamente, y puede causar daños irreparables al territorio”, advierte Fernández.
SOS Rural y E&L alertan también de la ausencia de secretario-interventor en el Ayuntamiento de Lopera, lo que, según ellas, añade más complejidad y riesgo a la tramitación de los proyectos.
Más allá de Lopera
Estas acciones judiciales forman parte de una macrocausa legal en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas sobre terrenos agrícolas, un fenómeno que se repite en Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón o Castilla y León, donde miles de hectáreas de regadío, viñedo, cereal o cultivos tradicionales se ven amenazadas.
“La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse contra el mundo rural ni a costa de destruir los suelos que nos alimentan. Renovables sí, pero con ley, planificación y respeto al territorio”, concluye Corbalán.
Con la presentación de estos recursos, SOS Rural y E&L esperan la paralización del macroproyecto y defienden la importancia de proteger los olivos y la agricultura tradicional de Lopera, un referente de la Campiña Norte de Jaén.
