La alianza formada por SOS Rural, la Asociación Ecología y Libertad (E&L) y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares ha anunciado este viernes el inicio de una doble ofensiva judicial contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), a raíz de los últimos trámites administrativos relacionados con varios proyectos de plantas fotovoltaicas que afectan al término municipal loperano.
Según han explicado las entidades, las acciones legales se fundamentan en lo que consideran graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística, que podrían derivar en la tala inminente de miles de olivos tradicionales. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la tramitación de unos proyectos que ponen en riesgo un patrimonio agrícola irremplazable”, ha afirmado Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Recurso contra la Junta ante el TSJA
En el ámbito autonómico, la alianza ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta, tras la inadmisión de los recursos de revisión formulados ante las delegaciones territoriales de Medio Ambiente e Industria en Jaén.
Desde las organizaciones denuncian que las autorizaciones concedidas son “nulas de pleno derecho”, al considerar que los proyectos han sido fragmentados artificialmente para eludir la competencia estatal y evitar una evaluación ambiental ordinaria conjunta. “Esta práctica impide analizar el impacto real de los parques solares sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera”, ha señalado Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Frente judicial municipal
De forma paralela, SOS Rural y E&L han recurrido ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén el decreto municipal firmado el pasado 2 de diciembre, por el que la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, levantó la suspensión de las licencias de obra de las plantas fotovoltaicas.
Las entidades consideran que este levantamiento es “prematuro y arriesgado”, al haberse producido —según sostienen— sin resolver previamente las dudas técnicas sobre la legalidad de los proyectos, lo que podría abrir la puerta al inicio de la tala de olivos.
Posibles consecuencias legales
La alianza y la Plataforma Campiña Norte han advertido de que el procedimiento iniciado ante el TSJA podría desembocar en la anulación total de los proyectos, lo que tendría consecuencias relevantes para el Ayuntamiento si se conceden las licencias conociendo los posibles vicios de nulidad. Entre ellas, apuntan al riesgo de reclamaciones por responsabilidad patrimonial por parte de las empresas promotoras.
En este contexto, recuerdan que el propio TSJA ya se pronunció el pasado 15 de julio sobre un caso similar en los municipios de Bujalance y Montoro, donde anuló proyectos fotovoltaicos por vulnerar la legislación ambiental vigente.
“La Justicia no puede permitir que se consuma un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos y causa un daño irreparable al patrimonio natural y económico”, ha concluido Corbalán.
