Una encuesta reciente organizada por Beconet Noticias, con la pregunta “¿Estás a favor de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin bajar el salario?”, ha arrojado un resultado claro: de 1.958 participantes, 1.779 (el 90,9 %) se han mostrado favorables, mientras que 179 (el 9,1 %) se han posicionado en contra.
Reacciones al respaldo mayoritario
Nueve de cada diez personas han votado a favor, indicativo de que la medida no es vista simplemente como una demanda sindical o de política progresista, sino como una aspiración real de la ciudadanía.
Para sectores implicados —sindicatos, economistas favorables a la reducción de jornada y activistas por la conciliación— este respaldo general dados los resultados de encuestas similares más globales, supone la confirmación de que existen condiciones sociales para impulsar transformaciones de este calibre.
¿Consecuencias políticas y empresariales?
Con estos datos, la intransigencia de ciertos grupos parlamentarios —como Junts, PP y Vox, que hasta ahora han bloqueado avances en el Congreso— puede resultar más costosa en términos de imagen política. Intentar vetar una propuesta apoyada tan mayoritariamente por los ciudadanos podría repercutir negativamente si se interpreta como desconexión con las demandas de la población.
En el terreno empresarial, especialmente en comarcas como el Alto Guadalquivir cordobés, estos resultados podrían servir de argumento para que empresarios reconsideren sus posiciones. Dado que una gran mayoría de la población —y presumiblemente de la plantilla laboral— respalda la medida, algunas empresas podrían empezar a explorar fórmulas para implementarla de forma escalonada, ofrecer periodos de prueba o negociar convenios locales adaptados para no lesionarse económicamente.
¿Y ahora qué sigue?
El Gobierno ha señalado que la propuesta “no se retira”, pero el bloqueo parlamentario persiste. Con los datos de sondeos de este tipo, se abre una ventana de oportunidad para reabrir el diálogo, negociar modificaciones que lleven en cuenta las preocupaciones de los empresarios (costes, organización, impacto en sectores con baja capacidad de generación de horas extras, etc.) y construir mayorías que permitan avanzar la reforma.