Vecino de Lopera, profesor de secundaria y portavoz de la Plataforma Campiña Norte STOP Megaplantas Solares, Rafael Alcalá se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa del territorio frente a los grandes proyectos de energías renovables. Su discurso, crítico pero fundamentado, le ha granjeado simpatías en distintos sectores sociales y políticos, aunque también detractores.
Renovables sí, pero con planificación
Alcalá rechaza la etiqueta de “enemigo de las renovables”. Recuerda que instaló placas solares en su propia vivienda hace más de cinco años y que en su labor docente promueve la sostenibilidad. Su crítica se centra en lo que denomina “modelos especulativos disfrazados de transición verde”: proyectos que, según denuncia, se ubican en terrenos agrícolas de alto valor o cerca de núcleos de población, con escasos beneficios para la comunidad local.
“El problema no es la tecnología, sino cómo y dónde se implanta”, subraya. A su juicio, muchas iniciativas responden a intereses privados que buscan aprovechar subvenciones y vender las plantas al mejor postor, sin transformar realmente el modelo energético.
Normas que facilitan los proyectos
El portavoz señala que la concatenación de normas en distintos niveles administrativos favorece la proliferación de megaplantas. Desde el marco europeo hasta la legislación estatal y autonómica, explica, se han creado mecanismos que permiten declarar de utilidad pública estas instalaciones, expropiar terrenos y autorizar industrias en suelo rústico. Lo más preocupante, añade, es que “las evaluaciones de impacto ambiental las realizan las propias empresas promotoras, y la administración solo revisa esos informes”.
El caso de la planta de biometano
Uno de los conflictos más recientes afecta a una planta de biometano proyectada en Arjona, a menos de cinco kilómetros de Lopera. La plataforma denunció públicamente la situación cuando se iniciaron obras de acceso sin información clara ni participación ciudadana. Alcalá advierte de que este tipo de instalaciones suelen ir acompañadas de macrogranjas, generando un “clúster industrial en pleno campo” con consecuencias para el paisaje, el agua y la economía agraria.
Movilización ciudadana
Pese a las dificultades, la presión social ha logrado frenar varios proyectos. Según Alcalá, de más de cien expropiaciones previstas solo se han consumado tres, y la lucha ha trascendido a medios, universidades e incluso festivales internacionales, donde un documental sobre esta causa ha recibido premios. Actualmente existe una moratoria hasta 2027, y la plataforma confía en que el Plan Especial Paisajístico de Lopera permita frenar la planta de biogás de Arjona.
“La transición energética es necesaria, pero no a cualquier precio”, insiste Alcalá. Para él, las renovables deben instalarse en tejados, zonas degradadas o espacios no productivos, nunca a costa de la agricultura ni del modo de vida rural. “Seguiremos luchando, informando y defendiendo nuestra tierra desde el respeto, la verdad y las ideas”, concluye.
La entrevista completa se puede ver en Beconet TV.
