La provincia de Córdoba registró durante 2025 un incremento del 8,4% en las infracciones penales respecto al año anterior, según los datos recogidos recientemente en el anuario estadístico del Ministerio del Interior. El aumento sitúa a Córdoba entre las provincias españolas donde más crecieron los delitos durante el pasado año y por encima de la media de Andalucía, que fue del 1,7%, y del conjunto de España, con un 0,7%.
Los datos reflejan además que durante 2025 se esclareció el 46% de las infracciones penales conocidas, mientras que el número de personas detenidas o investigadas aumentó un 4,2%. En el caso de las personas extranjeras detenidas o investigadas, el incremento alcanzó el 15,5%.
Más de 200 vacantes y pérdida de efectivos
Junto a estas cifras, el análisis difundido sobre la situación de la seguridad en la provincia pone el foco en la falta de efectivos de la Guardia Civil, con más de 200 puestos sin cubrir y una pérdida de alrededor del 9,8% de la plantilla en los últimos cuatro años.
La falta de personal tendría especial incidencia, según esta denuncia, en las unidades dedicadas a seguridad ciudadana, que afrontan las necesidades de un territorio extenso y con numerosos municipios y núcleos rurales.
Córdoba es la segunda provincia andaluza con mayor superficie y cuenta con espacios naturales protegidos como las Sierras Subbéticas, la Sierra de Cardeña y Montoro, la Sierra de Hornachuelos o las Lagunas del Sur. El análisis reclama que esta realidad territorial sea tenida en cuenta a la hora de dimensionar los recursos destinados a la seguridad.
El medio ambiente, entre las áreas con mayor actividad
Los datos del Ministerio también recogen la actividad relacionada con los delitos contra el medio ambiente. Durante 2025 se contabilizaron 166 infracciones penales de carácter medioambiental, de las que 154 fueron esclarecidas, lo que supone una tasa cercana al 93%.
En estas actuaciones fueron detenidas o investigadas 157 personas, a las que se suman 1.333 infracciones administrativas relacionadas con materia medioambiental.
El análisis pone especial atención en el trabajo del SEPRONA, debido a la extensión del territorio provincial y al peso de actividades como la agricultura, la ganadería, la caza y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Córdoba cuenta además con un elevado número de licencias y armas de caza mayor, siendo la provincia andaluza con más armas destinadas a esta modalidad y la segunda de España. En caza menor ocupa también una posición destacada dentro de Andalucía.
También aumentan las actuaciones de tráfico
El ámbito del tráfico presenta igualmente un aumento de la actividad. Según los datos analizados, las denuncias y actuaciones relacionadas con tráfico crecieron un 22,6%, mientras que las denuncias de tráfico aumentaron un 28,7% y las actuaciones vinculadas al transporte lo hicieron un 3%.
Sin embargo, el mismo balance refleja una reducción del 6,6% en los kilómetros recorridos, del 2,9% en las patrullas y del 10,3% en las personas detenidas o investigadas en este ámbito.
La plantilla destinada a tráfico habría descendido además un 2,5% en los dos últimos años, una circunstancia que se incorpora a la denuncia sobre la disponibilidad de efectivos en la provincia.
La situación de la prisión provincial
El análisis también aborda la situación de la prisión de Córdoba, que mantiene alrededor de 1.429 internos. En este ámbito, la plantilla destinada a seguridad penitenciaria habría descendido un 7% en los dos últimos años, mientras que parte de sus efectivos debe prestar apoyo al Núcleo de Servicios ante las necesidades de personal.
A esta situación se suma el estado de los vehículos utilizados para el traslado de internos. De los tres vehículos existentes, uno fue retirado este verano, quedando dos operativos. Según la denuncia, uno de ellos carece de cinturones de seguridad y dispone de asientos laterales de características rudimentarias. La antigüedad media de estos vehículos se sitúa en torno a los 15 años, con más de 230.000 kilómetros en algunos casos.
El conjunto de estos datos dibuja, según el análisis difundido, una situación en la que el aumento de la actividad delictiva y de determinadas actuaciones policiales coincide con una reducción de efectivos en distintos servicios. La reclamación pasa por reforzar las plantillas para adaptar los recursos disponibles a las características y necesidades de la provincia de Córdoba.
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