La falta de efectivos de la Guardia Civil que denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Córdoba también se refleja en el Alto Guadalquivir. Los datos manejados por la organización sitúan a varios municipios de la comarca con ratios reducidas de agentes por habitante, mientras el próximo movimiento de destinos amenaza con agravar la situación a partir de septiembre.
El análisis realizado por AUGC relaciona los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) con las plantillas oficiales de la Guardia Civil destinadas a labores de seguridad ciudadana. Una fotografía que, según la asociación, confirma que la provincia atraviesa una situación especialmente delicada en materia de efectivos y que obliga a prestar servicio en amplias demarcaciones con recursos limitados.
Dentro del Alto Guadalquivir, Adamuz registra una ratio de 1,7 guardias civiles por cada mil habitantes, mientras que Bujalance se sitúa en 1,5. En Cañete de las Torres, la cifra es de 1,4 agentes por cada mil habitantes, y Montoro aparece con una ratio de 1,3.
El Carpio supera inicialmente esa barrera. Sin embargo, el dato cambia cuando se tiene en cuenta la población de Pedro Abad, localidad incluida en su demarcación, ya que la ratio conjunta se sitúa en 1,2 guardias civiles por cada mil habitantes. Villafranca de Córdoba y Villa del Río son los dos únicos municipios que sumarán un nuevo agente de Guardia Civil.
La situación pone de manifiesto, según AUGC, que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta no solo la población de cada municipio, sino también el territorio y las localidades que deben cubrir los distintos puestos de la Guardia Civil. En el caso del Alto Guadalquivir, la capacidad de respuesta de los efectivos queda condicionada por la extensión de las demarcaciones y por la disponibilidad real de agentes en cada momento.
AUGC recuerda que las plantillas oficiales tampoco reflejan siempre el número de guardias civiles que se encuentran disponibles para patrullar. A las situaciones de incapacidad temporal, vacaciones y permisos se suma la detracción de efectivos para unidades especializadas como ROCA o VioGén. La asociación considera que estos servicios son necesarios, pero reclama que cuenten con personal específico para evitar que las unidades de seguridad ciudadana pierdan capacidad operativa.
Bujalance perderá efectivos a partir de septiembre
La situación podría complicarse aún más en los próximos meses. AUGC ha advertido de que el puesto de Bujalance verá reducida su plantilla a partir de septiembre, cuando se hagan efectivos los últimos destinos publicados. El municipio del Alto Guadalquivir se encuentra entre los puestos cordobeses que, según la asociación, perderán agentes con el nuevo movimiento de personal.
La reducción de efectivos en Bujalance se suma a la que también se producirá en los puestos de Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles, mientras que el de Peñarroya-Pueblonuevo perderá cinco guardias civiles.
Para AUGC, estos movimientos agravarán una situación que ya consideran límite. La organización sostiene que, con los nuevos destinos, saldrán de Córdoba más agentes de los que llegarán, pese a que la provincia acumula más de 200 vacantes. Según sus datos, la plantilla provincial ha sufrido una pérdida del 9,8% en los últimos cuatro años.
Una comarca pendiente de la capacidad de las patrullas
En este escenario, el Alto Guadalquivir afronta los próximos meses con la mirada puesta en la evolución de las plantillas. La pérdida de efectivos prevista en Bujalance llega en un momento en el que varios municipios de la comarca ya presentan ratios inferiores a los dos agentes por cada mil habitantes, mientras que otros puestos deben atender a poblaciones adicionales dentro de sus respectivas demarcaciones.
AUGC sostiene que esta falta de personal provoca que en algunos municipios los cuarteles no puedan mantener una atención al ciudadano durante toda la jornada y que las patrullas disponibles tengan que cubrir varias localidades de manera simultánea, en ocasiones separadas por importantes distancias.
La organización profesional ha ofrecido su colaboración a los alcaldes y a las instituciones provinciales para trasladarles los datos de las plantillas y las ratios de efectivos y mostrar, según defiende, la situación real de la seguridad pública en los municipios de Córdoba.
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