El conflicto energético en Jaén ha alcanzado su punto de máxima tensión. Tras meses de acusaciones cruzadas, la publicación de un auto judicial del Tribunal de Instancia de Andújar y la respuesta oficial de la empresa Greenalia han puesto sobre la mesa un escenario complejo donde la legalidad, la ética y la supervivencia del mundo rural se entrelazan.
El frente judicial: ¿Carpeta cerrada o tregua temporal?
El pasado 26 de enero de 2026, la justicia dictó el sobreseimiento provisional de la causa penal que investigaba presuntas irregularidades en la tramitación de los parques solares de Greenalia. La magistrada determinó que no existe un "dolo penal" suficiente para hablar de prevaricación.
Sin embargo, la plataforma Campiña Norte y SOS Rural advierten: el archivo es penal, pero la batalla administrativa sigue viva. El propio auto judicial señala que los proyectos presentan indicios de fraccionamiento artificial para eludir el control del Estado, una práctica que ya ha servido para tumbar proyectos similares en el TSJA por "fraude de ley".
La batalla de los números: ¿Cuántos olivos caen realmente?
Uno de los puntos más calientes ha sido la tala de árboles. Greenalia ha salido al paso calificando de "radicalmente falsa" la cifra de 100.000 olivos afectados que circuló en diversos reportajes. Según la empresa, la afección real es de 36.022 olivos en el conjunto de sus seis parques, asegurando que el 87% de los terrenos cuenta con acuerdos voluntarios.
Por su parte, Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte, ha matizado las cifras en una reciente charla informativa. Aunque reconoce que en el término municipal de Lopera no se han producido arranques aún, denuncia que los acuerdos "voluntarios" se firman bajo la presión de procesos de expropiación forzosa. "No es una cuestión de si son 1.000 o 100.000, es el derecho a decidir sobre nuestra tierra", afirma Alcalá.
Empleo y economía: ¿Progreso para quién?
Greenalia defiende su proyecto como un motor de riqueza para Jaén, con una inversión de 176 millones de euros, 6,7 millones en impuestos municipales y la creación de más de 2.000 empleos durante la construcción.
No obstante, desde SOS Rural, Natalia Corbalán cuestiona la durabilidad de este beneficio. "La construcción dura unos meses; después quedan solo 37 empleos de mantenimiento, técnicos que probablemente no vivirán en nuestros pueblos", señala. La plataforma denuncia que este modelo cambia una economía agrícola productiva y generacional por un modelo de rentas que "arruina el futuro de los herederos".
El fantasma de las baterías y la desinformación
La desconfianza aumenta con la aparición de nuevos proyectos. Según la plataforma vecinal, Greenalia ya planea instalaciones de almacenamiento de energía (baterías) que requerirían más terreno. Los vecinos de Lopera, Arjona y Marmolejo denuncian una falta de transparencia por parte de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, a quienes acusan de "retorcer las leyes" a favor de los intereses privados.
Conclusión: Un futuro en el aire
Mientras las máquinas esperan y los recursos administrativos se acumulan en los juzgados de Jaén, la Campiña Norte se ha convertido en el símbolo de una resistencia que exige una transición energética justa. La pregunta sigue en el aire: ¿Es posible modernizar el modelo energético sin sacrificar el patrimonio agrícola que ha definido a Jaén durante siglos?
La moneda sigue en el aire, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá la última palabra sobre si estos parques solares son el futuro de la región o un error administrativo de consecuencias irreversibles.
