El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025-2026, una medida que busca prevenir distorsiones de mercado en caso de sobreproducción.
La orden establece que, si las existencias iniciales y la producción prevista alcanzan el 120% de la media de las seis campañas anteriores, se podría activar la retirada temporal de aceite. No obstante, según las previsiones actuales, esta situación no se espera en la presente campaña.
Un instrumento para estabilizar el mercado
El Ministerio ha explicado que los países de la Unión Europea pueden fijar normas de comercialización del aceite de oliva, reguladas en España desde 2021 mediante el Real Decreto 84/2021. Esta herramienta permite aplicar medidas excepcionales y temporales, como la retirada de producto o su destino a uso no alimentario, cuando la situación del mercado lo justifique.
Tras dos campañas consecutivas con baja cosecha, la producción se recuperó en 2024-2025 gracias a las lluvias de primavera, lo que inicialmente hacía prever una cosecha abundante para 2025-2026. Sin embargo, las altas temperaturas del verano han reducido notablemente esas expectativas, por lo que el Ministerio considera poco probable que se active la medida en esta ocasión.
Cómo funcionaría la retirada de aceite
La norma publicada recoge los criterios de determinación del porcentaje de retirada de aceite —decidido por el propio operador— sobre el total de la producción. El porcentaje se concretará antes del 15 de noviembre mediante una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
En caso de activarse, la retirada se efectuaría en las almazaras productoras, y el Ministerio coordinaría con las comunidades autónomas un plan de control para garantizar el cumplimiento de la norma.
Reacciones del sector
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha valorado positivamente la publicación de la norma, calificándola de “avance fundamental para dotar al sector oleícola de herramientas efectivas de autorregulación ante posibles situaciones de sobreoferta”.
La organización ha destacado que, aunque las condiciones actuales no exigen su aplicación inmediata, es “imprescindible contar con un instrumento listo para actuar cuando sea necesario”.
COAG subraya que la medida beneficia tanto a olivareros como a consumidores. Para los primeros, evita la caída de precios en origen por debajo de los costes de producción, protege la rentabilidad de las explotaciones familiares y rurales y mejora la planificación de campañas. Para los segundos, garantiza la sostenibilidad y calidad del aceite de oliva virgen extra, un producto esencial de la dieta mediterránea.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha celebrado también la publicación de la norma, señalando que el mercado por sí solo no ha sido capaz de generar valor suficiente para el olivar tradicional.
Desde UPA apuntan que esta herramienta permitirá en el futuro “poner coto a las malas prácticas y a la especulación” que perjudican la estabilidad del sector.
