La Cámara de Cuentas de Andalucía ha hecho público un informe de fiscalización sobre las subvenciones concedidas a pymes y personas trabajadoras autónomas para compensar el sobrecoste energético derivado de la crisis de precios de la electricidad y el gas. El documento concluye que la gestión de estas ayudas por parte de la Junta de Andalucía se ajustó a la legalidad vigente y permitió atender a más de 30.000 beneficiarios en toda la comunidad autónoma.
La medida tuvo una especial relevancia para el tejido empresarial de la provincia de Córdoba y de la comarca del Alto Guadalquivir, donde pequeñas empresas, comercios, autónomos y explotaciones agrarias tuvieron que hacer frente durante los últimos años a un fuerte incremento de los costes energéticos. Estas ayudas nacieron precisamente para aliviar ese impacto económico y contribuir a mantener la actividad productiva y el empleo.
Según recoge el informe, se presentaron 75.300 solicitudes, de las que finalmente fueron concedidas 30.019 ayudas, con un importe total de 203,55 millones de euros. La Cámara de Cuentas destaca que el 100% de los expedientes fueron resueltos dentro de los plazos establecidos y que todos los pagos se realizaron antes de finalizar 2023.
Uno de los aspectos más destacados es la utilización de un sistema automatizado de gestión, que permitió agilizar la tramitación de miles de expedientes en apenas unos meses. El organismo fiscalizador subraya que, sin esta automatización, la Administración habría necesitado multiplicar por más de seis el personal disponible para poder atender el volumen de solicitudes recibido.
No obstante, el informe también identifica aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos, la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión interna, realizar análisis de riesgos más completos y adaptar plenamente las aplicaciones informáticas utilizadas al Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, recomienda dejar mayor trazabilidad en algunos cálculos y procedimientos para reforzar la transparencia y el control administrativo.
Para las empresas y autónomos del Alto Guadalquivir, donde el coste de la energía sigue siendo un factor determinante para sectores como el comercio, la hostelería, la industria agroalimentaria o la agricultura, la fiscalización confirma que estas ayudas cumplieron su objetivo principal de ofrecer un respaldo económico en uno de los momentos más complejos de los últimos años.
Fuente:BOJA