En 2024 se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal en España, frente a 15.289 en 2023, lo que representa un incremento interanual del 7,4 %. Sin embargo, respecto al total del parque inmobiliario —más de 27 millones de viviendas— esto representa apenas un 0,06 %.
De ese total, solo un 7 % corresponde a casos de allanamiento de morada (ocupación de una vivienda habitual o segunda residencia en uso), mientras que el 93 % restante corresponde a usurpaciones (ocupaciones de viviendas deshabitadas o vacías). Es decir, la mayoría de los casos afectan a inmuebles no vigilados ni en uso frecuente.
El vínculo con las vacaciones: ¿por qué aumenta el riesgo en verano?
Las segundas residencias son especialmente vulnerables a la ocupación ilegal por varias razones:
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Permiten el acceso durante largos periodos sin presencia del propietario.
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Suelen estar en urbanizaciones poco transitadas o zonas rurales.
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El aviso de ocupación puede llegar con días o semanas de retraso, dificultando la intervención policial rápida.
De hecho, los datos judiciales revelan un patrón estacional: durante el verano de 2024 (julio a septiembre) se registraron 580 nuevos procedimientos por ocupación ilegal, un 55 % más que en el mismo periodo del año anterior. Esta tendencia se repite en zonas costeras, rurales y en áreas con viviendas turísticas desocupadas temporalmente.
Nuevo criterio judicial: cortar suministros ya no es delito
Una de las novedades judiciales más relevantes de 2025 es la unificación de criterio por parte de los jueces. Las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona determinaron en marzo que los propietarios o titulares legales de viviendas ocupadas pueden cortar la luz, el agua o el gas sin incurrir en un delito de coacciones.
Este criterio ha sido respaldado por otras audiencias provinciales, como la de Gerona, y tiene cada vez más peso en los tribunales de toda España. Según el documento de unificación de criterios:
“En caso de que el titular de una finca ocupada no mantenga el alta de los suministros o deje de abonarlos, no se considerará delito.”
Esta doctrina ofrece una vía legal adicional para forzar la salida de los ocupas, que muchas veces abandonan el inmueble al verse privados de servicios esenciales. Aun así, los procesos judiciales son largos: la media nacional para recuperar una vivienda ocupada es de 8,5 meses, con máximos de hasta 12 meses en Castilla y León o Murcia, y mínimos de 4 meses en Aragón y Navarra.
Situación en Córdoba y el Alto Guadalquivir
En la provincia de Córdoba, la ocupación ha ido en aumento en los últimos años, aunque se mantiene lejos de las cifras de comunidades como Cataluña, Andalucía oriental o Madrid. En 2024 se registraron 184 denuncias por ocupación ilegal, según datos judiciales, y más de 105 casos en los seis primeros meses de 2025, con estimaciones que podrían elevar esa cifra a cerca de 250 ocupaciones reales (incluyendo las no denunciadas).
Aunque no existen estadísticas oficiales desglosadas específicamente para la comarca del Alto Guadalquivir cordobés, los expertos calculan que, siguiendo la proporción provincial, podría haber entre 10 y 20 ocupaciones mensuales en zonas rurales con alta presencia de viviendas vacías o de segunda residencia. Municipios como Montoro, Pedro Abad, Villa del Río o Bujalance están en el radar por su cercanía a grandes ejes de comunicación y por tener núcleos urbanos con viviendas sin uso prolongado.
En paralelo, la Agencia AVRA de la Junta de Andalucía detectó 50 ocupaciones irregulares en viviendas públicas en Córdoba durante 2024, muchas de ellas en áreas rurales o periurbanas, reforzando la necesidad de vigilancia en zonas como el Alto Guadalquivir.
Viviendas vacacionales: ocupadas por turistas o por ocupas
La presión sobre las viviendas turísticas también afecta al problema. En Ibiza, por ejemplo, la ocupación turística legal alcanzó un 80 % en junio de 2025, lo que obliga a muchos propietarios a alquilar en negro o mantener vacía la vivienda entre temporadas, aumentando el riesgo de ocupación.
En muchas zonas rurales de Córdoba, incluidas del Alto Guadalquivir, ocurre lo contrario: hay menos control del parque vacacional, lo que facilita la entrada de okupas a viviendas cerradas durante el resto del año.
Una historia que se repite: vuelve de vacaciones y encuentra ocupas
Los casos de propietarios que regresan de sus vacaciones y descubren ocupas en su casa —o incluso en su coche— siguen ocupando titulares. Uno de los casos más recientes en medios nacionales relataba cómo una persona encontró a un ocupa viviendo en su vehículo estacionado en un garaje privado, quien además le había robado todas sus pertenencias. Este tipo de hechos, aunque anecdóticos, alimentan la alarma social.
Conclusión
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La ocupación ilegal sigue siendo minoritaria, pero aumenta en verano y afecta sobre todo a viviendas vacías o de segunda residencia.
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Los propietarios ya pueden cortar suministros a los ocupas sin incurrir en delito, según el nuevo criterio judicial respaldado por audiencias provinciales.
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En la provincia de Córdoba, y por extensión en el Alto Guadalquivir, se detecta un crecimiento leve pero constante del fenómeno, con entre 10 y 20 posibles casos mensuales en áreas rurales.
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El verano sigue siendo el periodo de mayor riesgo, tanto por ausencia de vigilancia como por la rotación estacional del parque vacacional.
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Aunque los procesos judiciales siguen siendo lentos, la presión legal y social está aumentando, lo que podría traducirse en una mayor rapidez en los desalojos en los próximos años.
