«Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas, que es la vida humana. Y yo también lo creo».
— Joan Manuel Serrat, en referencia a Hojas de hierba, de Walt Whitman.
Hace apenas unas semanas, Brasil volvió a convertirse en uno de los escenarios decisivos de la política internacional. La campaña electoral estuvo marcada por la polémica en torno al comportamiento de las plataformas digitales de Meta, después de que la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva denunciara restricciones en la distribución de sus contenidos y un trato desigual respecto a su adversario, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Finalmente, Lula da Silva consiguió la reelección el pasado 25 de octubre, al imponerse en la segunda vuelta a Flávio Bolsonaro con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de su rival. Una victoria especialmente significativa porque frenó el intento de la derecha brasileña de recuperar el poder a través del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La controversia llegó hasta el Tribunal Superior Electoral brasileño, que exigió garantías de igualdad en el tratamiento de las candidaturas. Posteriormente, informaciones periodísticas basadas en comunicaciones internas de Meta señalaron que sus propias cuentas habían sufrido restricciones mientras se recomendaban contenidos relacionados con su adversario. La compañía, por su parte, negó cualquier favoritismo político y atribuyó los problemas a incidencias técnicas.
Más allá de las explicaciones de la empresa, lo ocurrido plantea una cuestión fundamental para nuestras democracias: ¿quién controla hoy los espacios en los que millones de ciudadanos se informan, debaten y construyen su opinión política?
Las grandes tecnológicas ya no son simples intermediarias de la comunicación. Sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus decisiones de moderación tienen una capacidad extraordinaria para condicionar el debate público. Y cuando ese poder se concentra en unas pocas multinacionales, sin suficiente transparencia ni control democrático, estamos ante un problema político de primer orden.
No podemos olvidar tampoco las imágenes que han simbolizado la estrecha relación entre el poder económico y el trumpismo: Donald Trump y Elon Musk compartiendo escenario, intereses y estrategia política. Una alianza que obliga a preguntarnos hasta qué punto las grandes fortunas tecnológicas pretenden convertirse también en actores determinantes de la vida democrática.
Y entonces cayó otra ficha del dominó. El pasado 3 de noviembre, Estados Unidos celebró unas elecciones de mitad de mandato que han supuesto un auténtico terremoto político. Los demócratas han recuperado el control de las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Una derrota contundente para Donald Trump, que había convertido estos comicios en un plebiscito sobre su segundo mandato.
El resultado supone una victoria de enorme alcance para el Partido Demócrata, que vuelve a hacerse con el control del poder legislativo federal y deja a Trump frente a un Congreso que podrá ejercer un mayor contrapeso a sus decisiones. La oposición tendrá ahora capacidad para bloquear iniciativas, investigar a la Administración republicana y condicionar buena parte de su agenda política.
El resultado no es una anécdota electoral. Es una señal política de enorme importancia. El malestar por el encarecimiento de la vida, las consecuencias económicas de la guerra con Irán y la preocupación por la corrupción han terminado pasando factura a la Administración republicana.
Y hay una imagen que resume especialmente bien lo ocurrido: Texas. El estado que durante décadas ha sido uno de los grandes bastiones republicanos ha elegido a la demócrata Gina Hinojosa como gobernadora. Es la primera gobernadora demócrata desde Ann Richards, que abandonó el cargo en 1995. Además, el demócrata James Talarico ha conseguido un escaño en el Senado.
La victoria de Talarico tiene un significado especial: los demócratas no conseguían ganar un escaño en el Senado por Texas desde 1988. Su triunfo, junto al de Hinojosa, evidencia la magnitud del cambio electoral en uno de los territorios históricamente más vinculados al Partido Republicano.
No es una simple derrota republicana: es un cambio político de enorme simbolismo. Los resultados demuestran también que una nueva generación de dirigentes demócratas puede volver a conectar con sectores de la sociedad que parecían definitivamente alejados de su proyecto político. La ciudadanía no está condenada a elegir entre el autoritarismo y la resignación. Hay espacio para construir alternativas.
Y mientras tanto, los aliados internacionales del trumpismo tampoco atraviesan su mejor momento. En Paraguay, Santiago Peña, presentado por Santiago Abascal como un referente económico y fiscal para la derecha española, ha sido destituido tras un proceso de juicio político relacionado con el colapso de la entidad financiera digital Ueno Bank. La Fiscalía ha presentado cargos contra él y solicitado su prisión preventiva. La crisis ha afectado a millones de clientes y ha puesto bajo sospecha las relaciones entre el poder político y los intereses financieros.
Un episodio que debería servir para revisar con mucho más rigor los modelos económicos que algunos políticos españoles presentan como ejemplos de éxito.
Y en Serbia, después de dos años de movilizaciones ciudadanas y protestas encabezadas en buena medida por estudiantes, el partido de Aleksandar Vučić ha perdido el poder tras catorce años de hegemonía política. Otra demostración de que la movilización social puede abrir caminos donde parecía que solo había resignación.
Brasil, Estados Unidos, Serbia y Paraguay dibujan un escenario internacional que merece nuestra atención. No estamos ante la desaparición de la extrema derecha, y sería ingenuo pensar que sus estructuras políticas, económicas y mediáticas van a desaparecer de un día para otro. Su capacidad de influencia sigue siendo enorme. Pero sí estamos asistiendo a algo importante: empieza a resquebrajarse la idea de que su avance es inevitable y de que su proyecto representa el único futuro posible.
En España, quienes han convertido a Trump, sus aliados internacionales y sus políticas económicas en referentes deberían tomar nota. Porque no basta con hablar de libertad mientras se cuestionan derechos fundamentales. No basta con defender la patria mientras se entregan los recursos públicos a intereses privados. No basta con invocar el mérito mientras se protegen los privilegios de quienes más tienen. Y no basta con agitar el miedo a los más vulnerables para ocultar las desigualdades que realmente condicionan la vida de millones de personas.
El mundo empieza a estar cansado de la política del odio, de la criminalización de la pobreza, de los privilegios de las grandes fortunas y de las guerras cuyos costes económicos y humanos terminan pagando siempre los trabajadores.
También empieza a reclamar respuestas frente al poder desmedido de las multinacionales, una transición energética justa, una redistribución más equilibrada de la riqueza y una democracia que no se limite a votar cada cuatro años, sino que garantice derechos, oportunidades y participación ciudadana.
La democracia necesita algo más que resistencia: necesita esperanza. Necesita proyectos capaces de ilusionar, de ofrecer seguridad económica, de proteger los servicios públicos, de defender el medio ambiente y de demostrar que el progreso puede mejorar la vida cotidiana de las personas.
Quizá esa sea la verdadera lección de estos acontecimientos: cuando la ciudadanía recupera la confianza en su capacidad para cambiar las cosas, ningún poder político es invulnerable.
2026 puede convertirse en un punto de inflexión. No porque la extrema derecha haya desaparecido, sino porque millones de personas están demostrando que no están dispuestas a aceptar que el miedo, el autoritarismo y la desigualdad sean el destino inevitable de nuestras sociedades.
De Brasil a Washington, de Serbia a cualquier rincón de Europa, la democracia vuelve a disputar el futuro. Y esa, frente a quienes llevan años alimentando el odio y la división, es una magnífica noticia.
Pero quizá convenga recordar por qué merece la pena defender ese futuro. Por qué la política debe estar al servicio de las personas y no de los intereses de unos pocos. Por qué la democracia debe proteger la vida en todas sus formas, la dignidad de cada ser humano y el extraordinario mundo que compartimos.
Walt Whitman lo expresó de una manera extraordinaria en “Hojas de hierba”, en un canto a la belleza y la grandeza de la vida que sigue teniendo plena vigencia:
Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas,
Y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal,
Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas,
Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo,
Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas,
Y que la vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas,
Y que un ratón es un milagro capaz de confundir a millones de incrédulos.
(Traducción que hace Joan Manuel Serrat del poema de Walt Whitman, en el teatro L´Aliança del Poblenou, 1974).
Porque, al final, de eso se trata: de defender la vida frente al odio, la dignidad frente al privilegio, la solidaridad frente al egoísmo y la esperanza frente al miedo. La política debería servir para hacer más hermosa, más justa y más digna la vida de las personas. Y no deberíamos conformarnos con menos.
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