El paquete de medidas aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños provocados por el último tren de borrascas tendrá un impacto directo en varios municipios de la comarca del Alto Guadalquivir, entre ellos Villafranca, El Carpio, Pedro Abad, Villa del Río y Montoro, donde las crecidas del río y las lluvias persistentes obligaron a desalojos y provocaron importantes daños materiales.
El Real Decreto-ley contempla ayudas y actuaciones por valor de más de 7.000 millones de euros en Andalucía y Extremadura, con medidas que abarcan desde compensaciones directas a familias hasta fondos específicos para ayuntamientos, agricultores, autónomos y pequeñas empresas. En la provincia de Córdoba, más de 1.400 personas tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, muchas de ellas en municipios situados en la ribera del Guadalquivir.
Entre las medidas más inmediatas figura una ayuda directa de 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados, con carácter retroactivo desde el inicio de la evacuación. Esta compensación será compatible con otras ayudas por daños en viviendas, enseres o negocios, y estará exenta de tributación.
Apoyo a familias, ayuntamientos y servicios básicos
El decreto también multiplica por cuatro las indemnizaciones por daños materiales y personales. En el caso de viviendas, la compensación por destrucción total se eleva hasta los 60.480 euros, mientras que las ayudas por daños en enseres alcanzan los 10.320 euros. Además, se elimina cualquier umbral de renta para acceder a estas prestaciones.
Para los ayuntamientos, muchos de ellos con recursos limitados, se habilita un fondo estatal de 2.000 millones de euros destinado a la reparación de infraestructuras municipales, caminos, redes hidráulicas y servicios públicos esenciales. Estas ayudas podrán anticiparse al 100% de su importe, lo que permitirá actuar con mayor rapidez en entornos rurales afectados por inundaciones y arrastres.
Medidas clave para el campo y el empleo agrario
El sector agrario, fundamental en el Alto Guadalquivir, contará con un bloque específico de ayudas que supera los 2.800 millones de euros. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción de 35 a 5 del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y la renta agraria, una decisión de especial relevancia para los trabajadores eventuales del campo en la comarca.
A ello se suman ayudas directas por pérdida de renta, apoyo a los seguros agrarios, líneas de financiación avaladas y la consideración de los temporales como causa de fuerza mayor en el marco de la PAC. También se prevé la reparación de caminos rurales e infraestructuras agrarias a través de Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros.
Comercio, autónomos y protección laboral
Los pequeños negocios y la hostelería podrán acogerse a ayudas directas que van desde los 5.000 euros para personas físicas hasta los 150.000 euros para empresas, en función de su volumen de actividad. Además, se aprueban exenciones fiscales en el IBI rústico y en el Impuesto de Actividades Económicas, junto a aplazamientos y moratorias en las cuotas a la Seguridad Social.
En el ámbito laboral, se refuerza la protección mediante ERTE por fuerza mayor, prestaciones extraordinarias para autónomos y el llamado “coste cero” en cotizaciones sociales para empresas afectadas, con la condición de mantener el empleo.
Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, en muchos casos con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja, las medidas aprobadas buscan acelerar la recuperación de los pueblos del Alto Guadalquivir, donde el impacto del temporal ha sido especialmente visible en viviendas, caminos rurales y explotaciones agrícolas.
