La tensión política y social en Lopera ha alcanzado un punto crítico. En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado lunes, el equipo de gobierno reveló la delicada situación jurídica a la que se enfrenta el consistorio: atrapados entre la presión vecinal y ecologista para frenar las megaplantas solares y la amenaza directa de las empresas energéticas, que ya han puesto sobre la mesa cifras de indemnización astronómicas.
La amenaza: 150 millones de euros y penas de cárcel
El dato más alarmante de la sesión lo aportó la portavoz del equipo de gobierno, Isabel Uceda. Según informó, la empresa promotora Greenalia ha enviado requerimientos urgentes tanto a la alcaldesa, Carmen Torres, como al secretario y la aparejadora municipal.
En dichos escritos, la compañía advierte que el retraso en la concesión de las licencias, que consideran un acto reglado y obligatorio al tener ya la Declaración de Utilidad Pública de la Junta, podría constituir un delito de prevaricación administrativa . Este delito implicaría penas de inhabilitación de 9 a 15 años y, en los casos más graves, prisión . Además, la empresa ha cuantificado la responsabilidad patrimonial por los daños en más de 150 millones de euros.
"Estamos ante un tema muy serio (...) El Ayuntamiento está obligado a continuar el procedimiento y ya ha solicitado que se emita informe jurídico", explicó Uceda, subrayando que las licencias urbanísticas no permiten margen de subjetividad.
Suspensión temporal y "silencio" de la Junta
A pesar de las advertencias de la empresa, el Ayuntamiento de Lopera mantiene la suspensión temporal de las licencias . Esta medida se sustenta en que la Asociación 'Ecología y Libertad' presentó recursos de revisión ante la Junta de Andalucía.
Sin embargo, el tiempo se agota:
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La Consejería de Industria ya ha contestado inadmitiendo el recurso de los ecologistas.
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Falta el pronunciamiento de la Delegación de Medio Ambiente. Si esta tampoco admite el recurso, el Ayuntamiento se quedará sin base legal para seguir denegando la licencia.
El "Plan Especial" y las críticas a la Junta
El Ayuntamiento intentó blindar el municipio mediante un Plan Especial urbanístico para regular estas instalaciones, pero el proceso está estancado. El gobierno local denuncia que la Junta de Andalucía ha tardado 7 meses en contestar a la admisión a trámite, cuando el plazo legal es de 20 días. Ahora, la administración autonómica ha emitido un requerimiento cuestionando si el procedimiento debe ser simplificado u ordinario, lo que dilata aún más los plazos.
Alerta por una planta de biogás en Arjona
El pleno también abordó la preocupación por un nuevo frente: la instalación de una planta de biogás/biometano en el término municipal vecino de Arjona, a tan solo 6,5 kilómetros del casco urbano de Lopera.
Aunque no hay proyectos de este tipo solicitados dentro de Lopera, el Ayuntamiento ha convocado reuniones con los alcaldes de la comarca (Arjonilla y Arjona) para recabar información y presentar alegaciones conjuntas al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), exigiendo una regulación específica sobre distancias y olores.
Un clima de hostilidad
La sesión reflejó el difícil clima que vive la corporación. Mientras las empresas amenazan con demandas millonarias si no se dan las licencias, plataformas como SOS Rural y Ecología y Libertad amenazan con llevar a la alcaldesa a los tribunales si finalmente las otorga.
Isabel Uceda lamentó los ataques personales y la demagogia, pidiendo "altura de miras" a la oposición y confianza a los vecinos, asegurando que el Ayuntamiento solo tiene dos caminos: "Otorgar la licencia o no otorgarla, y estamos convencidos de que va a acabar en el juzgado" .
