La Junta de Andalucía defiende el cambio en el sistema de transporte de los pacientes de hemodiálisis de Córdoba y asegura que la sustitución de los taxis por ambulancias no medicalizadas no supone una pérdida de derechos para los usuarios. La Administración autonómica sostiene que el objetivo es adaptar la prestación al modelo de transporte sanitario programado que funciona de manera generalizada en el resto de la comunidad.
El cambio llega después de más de tres décadas en las que los taxistas cordobeses se han encargado de trasladar a estos pacientes a sus tratamientos. El convenio específico que permitía este sistema concluye y la Junta plantea ahora integrar a Córdoba en el modelo sanitario establecido para el conjunto de Andalucía.
Desde el Gobierno andaluz reconocen la preocupación que la decisión ha provocado entre los pacientes y sus familias, así como en Alcer, los taxistas y las organizaciones sindicales. La Administración también ha puesto en valor el trabajo realizado durante todos estos años por los profesionales del taxi.
Un cambio de modelo
La Junta insiste en que la modificación afecta a la forma de realizar los desplazamientos, pero no al derecho de los pacientes a recibir su tratamiento ni a disponer del transporte que necesitan para acudir a él.
El nuevo sistema contempla el uso de ambulancias no medicalizadas y, según la Administración autonómica, contará con nuevos vehículos y recorridos organizados en función de los horarios de las sesiones, las distancias y las necesidades de los usuarios.
El argumento de la Junta es que Córdoba mantenía hasta ahora un sistema diferente al existente en otras provincias andaluzas. Con la finalización del convenio con los taxistas, los pacientes cordobeses pasarán a formar parte del servicio de transporte sanitario programado que ya se utiliza en el resto del territorio.
La Administración sostiene que esta transición debe realizarse de manera ordenada y segura para reducir al mínimo las posibles molestias a los usuarios, especialmente teniendo en cuenta que se trata de personas que necesitan desplazarse de forma periódica para recibir tratamiento.
La Junta defiende la homogeneización del servicio
Para justificar la decisión, el Gobierno andaluz se remite a la normativa estatal que regula el transporte sanitario. Entre ella se encuentra el Real Decreto 1030/2006, que contempla esta prestación para pacientes que, por motivos clínicos, no pueden utilizar medios ordinarios de transporte y recoge expresamente los tratamientos periódicos, como la diálisis.
También cita el Real Decreto 836/2012, que establece las características de los vehículos destinados al transporte sanitario y contempla las ambulancias de clase A2 para el traslado colectivo de pacientes que no necesitan asistencia sanitaria durante el trayecto.
A este marco se suma la regulación propia del Servicio Andaluz de Salud, que establece los criterios para organizar el transporte sanitario urgente y programado en Andalucía.
La Junta asegura, además, que el coste del nuevo sistema será similar al actual. Con estos argumentos, la Administración presenta el cambio como una reorganización de la prestación para adecuarla a la normativa y aplicar un modelo común en las distintas provincias andaluzas.
El nuevo sistema supone así el final de una fórmula de transporte que se había mantenido durante décadas en Córdoba y su sustitución por un modelo basado en ambulancias no medicalizadas. La Junta mantiene que la prioridad será garantizar que los pacientes puedan seguir acudiendo a sus tratamientos con un servicio adaptado a sus horarios y necesidades.
En la oposición, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado, ha exigido a la Junta de Andalucía que mantenga el convenio con los taxistas y dé marcha atrás en el cambio de modelo. La socialista advierte de que "el uso de ambulancias podría alargar los desplazamientos de los pacientes, ya que estos vehículos tendrían que realizar rutas compartidas para recoger a usuarios de distintos municipios de las comarcas cordobesas".
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