La medida, derivada de la Ley 7/2022 de residuos y alineada con el principio europeo de “quien contamina paga”, exige que los ayuntamientos cubran con esta tasa el 100 % del coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
El resultado ha sido inmediato: incrementos significativos en los recibos domésticos y comerciales, fuertes diferencias entre municipios, malestar ciudadano y un clima político altamente tensionado.
Un aumento que muchos no esperaban
La recogida de residuos es, según datos publicados recientemente por el INE, una de las partidas que más ha impulsado el IPC en 2025, con subidas que superan el 30 % en algunos territorios. A ello se suma un importante desequilibrio entre municipios: diferencias de decenas o incluso cientos de euros al año para hogares similares dependiendo del lugar de residencia.
En la provincia de Córdoba, incluida la comarca del Alto Guadalquivir, la controversia es especialmente intensa. Informes y comparativas sitúan a la capital entre las ciudades con tasas más elevadas, mientras que en municipios medianos y pequeños la discusión gira en torno al cálculo de costes y a la falta de criterios homogéneos para determinar quién paga qué.
Un modelo cuestionado por técnicos y ciudadanos
Los inspectores de Hacienda Local han advertido de un posible déficit estructural en la financiación del sistema de residuos, que cifran en torno a 2.000 millones de euros. Según estos profesionales, incluso con la nueva tasa muchos ayuntamientos podrían no cubrir los costes reales, lo que anticipa nuevas revisiones fiscales y posibles litigios.
A esta complejidad técnica se suma un creciente malestar ciudadano. Comercios y familias denuncian que la tasa penaliza de forma desigual, que no tiene suficientemente en cuenta el nivel de renta o la generación real de basura, y que los estudios económicos sobre los que se sustentan las ordenanzas no siempre son públicos o comprensibles.
Las firmas: una movilización creciente, pero diversa
Aunque la protesta es muy dispersa territorialmente, las plataformas digitales reflejan un crecimiento constante de campañas contra la tasa. En Change.org, OpenPetition y otras webs aparecen peticiones que reclaman desde la revisión de los importes hasta la eliminación total del tributo. Algunas son iniciativas generales que critican el modelo nacional, y otras son locales, impulsadas por vecinos de municipios concretos donde las subidas han sido especialmente notorias.
En síntesis, la principal demanda de los firmantes es la misma: mayor justicia fiscal, transparencia en los cálculos y una estructura tarifaria que tenga en cuenta la capacidad económica y el esfuerzo real de reciclaje.
El reto para los ayuntamientos: transparencia y pedagogía
A pesar del clima de tensión, muchos consistorios coinciden en la necesidad de modernizar la gestión de residuos y reducir el volumen de basura no reciclada. El problema radica en cómo explicar este cambio al ciudadano, cómo justificar los costes y cómo evitar que vecinos de municipios limítrofes paguen cantidades radicalmente distintas por un servicio similar.
Los expertos insisten en que la clave está en publicar los estudios de costes completos, aplicar criterios objetivos y legibles para la población, y diseñar bonificaciones sociales que eviten que la tasa golpee con mayor fuerza a los hogares vulnerables.
Un debate que apenas empieza
La tasa de basuras ha dejado de ser una cuestión administrativa para convertirse en un tema social, económico y político de primer orden. La combinación de subidas inesperadas, diferencias territoriales, falta de claridad y creciente contestación ciudadana anticipa un otoño caliente en muchos municipios.
Mientras tanto, las firmas continúan acumulándose en las plataformas digitales y la ciudadanía se pregunta si ésta es la forma más justa de pagar la gestión de nuestros residuos.
