La jueza que instruye la causa por el accidente ferroviario de Adamuz ha fijado un plazo de nueve meses para que los peritos judiciales elaboren y entreguen el informe técnico que deberá esclarecer las causas del siniestro, en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero.
La decisión llega después de que la Junta de Andalucía autorizara una partida cercana a los 250.000 euros para financiar los trabajos periciales, dada la complejidad de la investigación. Los expertos ya habían advertido al juzgado de que las conclusiones sobre el descarrilamiento del Iryo y el posterior impacto con el Alvia no estarán disponibles, previsiblemente, hasta el primer semestre de 2027.
El presupuesto aprobado contempla más de 1.500 horas de trabajo especializado, además de otros gastos asociados a la investigación.
La magistrada de Montoro ha señalado que, durante este proceso, los peritos recibirán toda la documentación que se vaya incorporando a la causa para que puedan tener en cuenta cualquier nuevo dato relevante antes de emitir su dictamen definitivo.