La Junta de Andalucía ha concedido la autorización administrativa previa y de construcción a la empresa Generadora Eléctrica IV, S.L. para llevar a cabo una serie de modificaciones en el proyecto de instalación de la planta solar fotovoltaica Guadalquivir 4, situada en el término municipal de Bujalance, en plena comarca del Alto Guadalquivir.
El proyecto contempla una potencia pico de 43,15 megavatios (MWp), con un total de 73.770 módulos solares de 585 Wp cada uno, así como ocho inversores distribuidos en cuatro centros de transformación, y una línea de evacuación de energía de 30 kV con una longitud cercana a los 2 kilómetros, que conectará con la subestación transformadora Guadame Solar 30/220 kV.
Aunque el proyecto ya había sido autorizado en septiembre de 2022 y contaba con el visto bueno de Red Eléctrica desde enero de 2024, la empresa solicitó en marzo una modificación en la ubicación de la planta, lo que reactivó el trámite administrativo y abrió un nuevo periodo de información pública en el que se presentaron varias alegaciones.
Entre los colectivos que han mostrado su oposición destacan la Asociación de Vecinos Socio-Cultural del Barrio de Morente, la Asociación Morente Nos Une y la Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Valle Rico, que han advertido de una posible fragmentación indebida del proyecto. Según estas alegaciones, la planta Guadalquivir 4 sería en realidad parte de un conjunto mayor, junto a la contigua Guadalquivir 2, al compartir titularidad, línea de evacuación y subestación eléctrica, lo que, a juicio de los vecinos, debería elevar la competencia a la Administración General del Estado por superar el umbral de 50 MW si se considera un único proyecto.
La Junta de Andalucía, sin embargo, ha descartado esa interpretación, afirmando que cada planta se tramita como proyecto independiente y que su potencia, al estar por debajo de los 50 MW, corresponde a la competencia autonómica.
La decisión ha generado una fuerte respuesta social. La Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir ha criticado en un comunicado que la Junta haya rechazado la legitimación de las asociaciones vecinales como parte interesada en el procedimiento, a pesar de que la Ley 39/2015 sí contempla esa posibilidad para organizaciones que representen intereses sociales colectivos.
Desde la Plataforma y las asociaciones afectadas se insiste en que no están en contra de las energías renovables, sino de una mala planificación territorial que, según señalan, prioriza los intereses de empresas privadas frente a los del entorno y la ciudadanía. Por ello, han reiterado su voluntad de seguir luchando para que los proyectos se desarrollen “con sentido común, transparencia y consenso”.
