Los agricultores de Lopera han vuelto a manifestarse este martes, 20 de octubre, contra la implantación de megaplantas solares en terrenos agrícolas del municipio. Más de 40 tractores han participado en la protesta, según las cifras facilitadas por los convocantes, para exigir al Ayuntamiento que suspenda todas las licencias urbanísticas relacionadas con estos proyectos, incluidas aquellas que ya han sido solicitadas por las empresas promotoras.
La movilización, convocada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, se ha dirigido hacia el centro de la localidad para trasladar sus reivindicaciones al Gobierno municipal. La concentración se ha producido coincidiendo con el anuncio de la aprobación inicial del Plan Especial de Lopera, que contempla la suspensión de licencias durante tres años, aunque establece excepciones para los expedientes que se encuentran en una fase avanzada de tramitación administrativa.
Precisamente estas excepciones han centrado buena parte de las críticas de los manifestantes, que consideran que el documento pierde eficacia si permite continuar adelante a determinados proyectos fotovoltaicos.
En declaraciones a Beconet Noticias y a los medios presentes, Rafael Alcalá, representante de la plataforma, ha explicado que la elaboración del Plan Especial fue una de las medidas impulsadas para proteger los olivares y frenar las instalaciones solares de grandes dimensiones.
"Estamos aquí hoy reivindicando a nuestro ayuntamiento que paralice las licencias", ha señalado Alcalá, que ha cuestionado que, una vez elaborado el instrumento urbanístico, el Gobierno local mantenga la posibilidad de conceder autorizaciones que, a juicio de los agricultores, deberían quedar suspendidas.
La plataforma discrepa de la interpretación jurídica del Ayuntamiento
Uno de los principales motivos de desacuerdo es el informe jurídico de la Diputación de Jaén en el que el Consistorio fundamenta las excepciones a la suspensión. El Ayuntamiento sostiene que paralizar determinadas licencias en avanzado estado de tramitación podría ocasionar responsabilidades indemnizatorias para las arcas municipales.
Sin embargo, Alcalá ha asegurado que los abogados de la plataforma han revisado ese documento y consideran que también ofrece argumentos para aplicar la suspensión prevista en el artículo 78 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
"No sé por qué ahora dicen que habría indemnizaciones millonarias. No hay ningún tipo de documento dentro de ese informe jurídico que indique qué sanción tendría o qué indemnización tendría que pagar el Ayuntamiento en caso de no conceder la licencia", ha afirmado.
El representante de los agricultores sostiene que las posibles compensaciones económicas estarían relacionadas con determinados gastos asumidos por las empresas y con la devolución de tasas, aunque esta interpretación difiere de la posición expresada por el Gobierno local.
Alcalá también ha cuestionado la forma en la que se ha comunicado la aprobación del Plan Especial, al considerar que puede transmitir la impresión de que todos los proyectos han quedado paralizados.
"Lo más vergonzoso de esto es que informan a los medios de comunicación que se aprueba el Plan Especial y se suspenden las licencias, cuando realmente no se están suspendiendo las licencias, ninguna licencia se ha suspendido", ha denunciado.
Por este motivo, ha reiterado que la plataforma continuará reclamando la suspensión de todas las autorizaciones, sin excluir las solicitudes que ya se encuentran en tramitación.
"A muchos de estos agricultores los van a desahuciar de sus tierras"
La protesta también ha servido para visibilizar la preocupación de los propietarios y trabajadores del campo por el futuro de sus explotaciones. Alcalá ha cifrado la asistencia en más de un centenar de personas y ha defendido que la continuidad del olivar es una cuestión económica y social para numerosas familias de Lopera. "Cremos que nuestro medio de vida es este", ha expresado.
El portavoz ha comparado las consecuencias de las expropiaciones vinculadas a los proyectos fotovoltaicos con la pérdida de una vivienda. "Se está hablando ahora mucho de desahucios y a muchos de estos agricultores los van a desahuciar de sus tierras", ha lamentado.
Los manifestantes defienden que la conservación del olivar productivo debe prevalecer frente a la ocupación de suelo agrícola por las grandes instalaciones solares, al entender que está en juego el futuro de explotaciones familiares y de una actividad estrechamente ligada a la economía local.
SOS Rural acusa a la alcaldesa de disponer de alternativas para frenar las licencias
La tractorada ha contado también con el respaldo de la organización SOS Rural, cuya portavoz nacional, Natalia Corbalán, ha participado en la movilización y ha cuestionado la actuación del Gobierno municipal que encabeza Carmen Torres.
"De nuevo los agricultores de Lopera en la calle cuando tendrían que estar cuidando sus olivos, que estamos en plena campaña de aceituna", ha declarado ante los medios de comunicación.
Corbalán ha asegurado que existen vías jurídicas para evitar la concesión de las licencias y ha rechazado los argumentos municipales sobre las posibles responsabilidades económicas.
"Esta alcaldesa sabe que tiene salidas legales a las que agarrarse para no concederlas. Sin embargo, se agarra a que va a tener responsabilidades de cara a la empresa", ha manifestado.
La portavoz nacional de SOS Rural ha criticado además las consecuencias que, en su opinión, tendría la implantación de las instalaciones fotovoltaicas sobre las explotaciones y las familias afectadas, así como el impacto ambiental que podría producirse una vez finalizada la vida útil de las plantas.
La representante de SOS Rural ha garantizado que la organización seguirá respaldando las reivindicaciones de los agricultores. "Si nos tenemos que encadenar a los olivos, nos vamos a encadenar", ha advertido.
El Ayuntamiento defiende el Plan Especial y advierte de posibles indemnizaciones
Las críticas de los manifestantes se producen después de que el Ayuntamiento de Lopera anunciara este lunes la aprobación inicial de su Plan Especial, un instrumento destinado a proteger el paisaje, ordenar los usos del suelo rural y ofrecer mayor seguridad jurídica al sector agrícola.
El acuerdo contempla la suspensión de licencias urbanísticas durante tres años, aunque quedan exceptuadas aquellas solicitudes que se encuentran en una fase avanzada de tramitación administrativa. El Gobierno municipal justifica esta exclusión por razones legales y por las posibles responsabilidades indemnizatorias que podrían derivarse de su paralización.
La alcaldesa, Carmen Torres, defendió el trabajo realizado para sacar adelante el documento y aseguró que el Consistorio había utilizado los mecanismos previstos en la normativa para proteger el municipio.
"Hemos trabajado intensamente para encontrar una solución legal y eficaz, agotando todas las posibilidades que nos ofrece la normativa para proteger nuestro pueblo. Hemos cumplido con nuestros agricultores porque somos plenamente conscientes de que el campo es la vida de Lopera", afirmó la regidora en el comunicado municipal.
Torres también sostuvo que el objetivo del Plan Especial no es frenar la actividad agrícola, sino protegerla frente a desarrollos desordenados y garantizar la conservación del paisaje olivarero.
Sin embargo, la discrepancia sigue centrada en las licencias que ya están solicitadas, puesto que la plataforma reclama su suspensión con independencia de la fase administrativa en la que se encuentren.
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