La Asociación de Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha presentado una denuncia formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que alerta de una gestión “gravísima” de los servicios de emergencia durante el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.
El escrito, registrado por el despacho Administrativando Abogados, apunta a un fallo total del sistema informático del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba en el momento crítico del accidente, lo que obligó a los profesionales a trabajar “con papel y lápiz” para coordinar la respuesta.
Fallos técnicos y falta de coordinación
Según la denuncia, los gestores de emergencias se vieron obligados a utilizar sus teléfonos móviles personales ante la imposibilidad de comunicarse con el 112 debido al bloqueo del sistema. Desde la asociación se asegura que el operativo salió adelante gracias a la experiencia del personal, pese a una situación que califican de “caos técnico”.
El abogado del colectivo, Antonio Benítez Ostos, ha solicitado una investigación exhaustiva para depurar posibles responsabilidades políticas y jurídicas, al considerar que podría existir responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la Administración.
La denuncia también ha sido remitida al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al juzgado de instrucción de Montoro.
Retrasos clave en la atención
Uno de los aspectos más relevantes señalados por las víctimas es el retraso en la identificación de la magnitud del accidente. Según el relato, durante 43 minutos no se tuvo constancia clara de que había dos trenes implicados, lo que dificultó la coordinación del operativo.
Este extremo coincide con informes preliminares que apuntan a una “confusión inicial” derivada del alto volumen de llamadas, que llevó a interpretar que todas correspondían a un único tren.
Además, se cuestiona la gestión de la localización del segundo convoy, pese a la existencia de sistemas de geolocalización automática como el AML en llamadas de emergencia.
Cruce de acusaciones institucionales
Frente a estas denuncias, la Junta de Andalucía ha rechazado de forma tajante que se produjera un colapso en los servicios de emergencia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha defendido la actuación del operativo y ha asegurado que se reforzaron los recursos durante la noche del accidente.
Sanz ha negado que el sistema del 061 dejara de funcionar y ha atribuido las críticas a un intento de desviar la atención sobre las causas reales del siniestro, en un contexto de creciente confrontación institucional.
Investigación aún abierta
La denuncia de las víctimas añade un nuevo frente a la investigación del accidente de Adamuz, que continúa abierta para esclarecer tanto las causas del descarrilamiento como la gestión de la emergencia posterior.
El caso sigue generando un fuerte impacto social y político en la provincia de Córdoba, donde familiares y afectados continúan reclamando explicaciones y responsabilidades por una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en Andalucía.
