La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el nombramiento del candidato propuesto para ocupar el puesto de juez de paz de Villafranca de Córdoba, una decisión adoptada por unanimidad y que obliga a iniciar de nuevo el procedimiento para cubrir la plaza.
El acuerdo, al que ha tenido acceso El Día de Córdoba, señala que el aspirante no reúne las condiciones legales requeridas ni la idoneidad exigida para desempeñar el cargo. Entre los motivos recogidos por el tribunal aparecen además causas de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, junto con un informe desfavorable de la Fiscalía.
La resolución afecta a una persona que llevaba más de 30 años desempeñando el puesto de juez de paz. El Ayuntamiento Pleno había aprobado el pasado mes de mayo su propuesta para continuar en el cargo, pero la decisión definitiva corresponde a la Sala de Gobierno del TSJA.
Un procedimiento judicial abierto
La decisión del alto tribunal andaluz se produce además en un contexto marcado por una denuncia por presuntas coacciones y prevaricación que dio lugar a un procedimiento judicial en los juzgados de Montoro.
Los hechos denunciados se remontan a noviembre de 2025, cuando un vecino acudió a un acto de conciliación acompañado por un abogado. Según recoge la denuncia, el juez de paz habría impedido al letrado acceder al acto pese a que este reclamaba ejercer la asistencia jurídica de su cliente.
El abogado solicitó entonces que quedara constancia de su comparecencia y de la negativa a permitirle participar en la conciliación, pero, siempre según su versión, también se habría impedido al secretario judicial realizar dicha diligencia.
La situación terminó con la presencia de la Guardia Civil, cuyos agentes acudieron después de que el abogado solicitara su intervención. El procedimiento fue trasladado posteriormente desde los juzgados de Montoro a los de Villafranca por una cuestión de competencia territorial.
Estas circunstancias forman parte de un procedimiento en curso y de unas acusaciones que deberán ser determinadas por la vía judicial, sin que la denuncia implique por sí misma una condena.
La plaza deberá volver a cubrirse
Tras la decisión del TSJA, la plaza de juez de paz queda desierta y deberá abrirse un nuevo proceso de selección. El Ayuntamiento tendrá que volver a realizar la correspondiente convocatoria y elevar posteriormente una nueva propuesta al tribunal andaluz para su nombramiento.
Los jueces de paz ejercen sus funciones en municipios que no cuentan con Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Entre sus competencias se encuentran asuntos relacionados con el Registro Civil, actos de conciliación y determinados procedimientos judiciales de menor entidad, además de otras funciones de auxilio a la Justicia.
El nombramiento tiene una duración de cuatro años y corresponde formalmente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, después de que el Pleno municipal haya elegido a su candidato.
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