La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado una resolución en la que asume las conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización sobre la gestión realizada por Renfe Viajeros de las ayudas para fomentar el uso del transporte público ferroviario durante el tercer cuatrimestre de 2022 y el conjunto de 2023.
El informe analiza la aplicación de los abonos gratuitos de Cercanías, Media Distancia y determinados servicios ferroviarios bonificados, una medida impulsada por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis energética y fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado.
Entre las principales recomendaciones, el Tribunal de Cuentas reclama la modernización e integración de los distintos sistemas informáticos utilizados por Renfe, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los datos, reforzar la seguridad y facilitar una gestión más eficiente de la información. Los auditores consideran que la coexistencia de diferentes plataformas tecnológicas dificulta la obtención de datos homogéneos y fiables.
La resolución también insta a implantar sistemas más eficaces para controlar el uso nominativo de los abonos gratuitos y verificar la realización efectiva de los viajes, además de auditar el sistema de fianzas asociado a estos títulos de transporte.
Otro de los aspectos señalados hace referencia a la necesidad de formalizar previamente todos los contratos, encargos y servicios vinculados a la aplicación de estas medidas, después de que la fiscalización detectara algunos casos en los que determinadas prestaciones comenzaron antes de completarse la tramitación administrativa correspondiente.
El Tribunal también recomienda mejorar la accesibilidad de la página web y de las aplicaciones móviles de Renfe, adaptándolas plenamente a la normativa vigente para facilitar su uso por parte de todos los ciudadanos.
Pese a las observaciones realizadas, la fiscalización reconoce que Renfe adoptó las medidas necesarias para aplicar la gratuidad ferroviaria y que la iniciativa permitió impulsar el uso del transporte público en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos y la necesidad de reducir emisiones contaminantes.