La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado una resolución en la que asume las conclusiones del informe de fiscalización sobre la actividad de SEPES, actualmente denominada CASA47 Entidad Estatal de Vivienda, en la ejecución de vivienda pública durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023.
El informe concluye que los procesos de transformación urbanística para obtener suelo residencial se prolongan durante periodos excesivamente largos, lo que dificulta el cumplimiento del principal objetivo de la entidad: poner vivienda pública a disposición de los ciudadanos para atender la creciente demanda existente. Además, estos retrasos provocan incrementos de costes y reducen la eficacia de las actuaciones emprendidas.
Según la fiscalización, durante el periodo analizado la respuesta de SEPES a la demanda de vivienda protegida se ha producido a muy largo plazo. La entidad gestionaba a finales de 2023 un total de 18 actuaciones residenciales adscritas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible, con una previsión de unas 16.800 viviendas, cifra que ascendió a 29 actuaciones y alrededor de 41.500 viviendas proyectadas tras nuevas incorporaciones realizadas en 2024.
El Tribunal de Cuentas destaca especialmente casos como la Operación Campamento, en Madrid, una actuación prevista para unas 10.700 viviendas y cuya tramitación acumula más de dos décadas desde sus primeras iniciativas urbanísticas. Las previsiones apuntan a que las viviendas podrían comenzar a ocuparse a partir de 2031.
Entre las recomendaciones aprobadas por la Comisión Mixta figura la necesidad de impulsar reformas legislativas que permitan simplificar y acelerar los procedimientos urbanísticos, mejorar la coordinación entre administraciones públicas y establecer plazos concretos para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los convenios de colaboración.
Asimismo, se insta a la entidad estatal a revisar su patrimonio inmobiliario, realizar estudios de demanda previos a cada actuación, mejorar la planificación y seguimiento de los proyectos, promover reuniones periódicas de control y reforzar las inversiones en tecnologías de la información para garantizar la integración y seguridad de los sistemas.
La resolución también anima al Gobierno a utilizar CASA47 como una herramienta efectiva para afrontar el problema de acceso a la vivienda en España y a analizar el patrimonio inmobiliario disponible que aún no está incorporado a programas de vivienda pública o alquiler asequible.
Fuente: BOE