Las dos nuevas juezas titulares de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro han tomado posesión de sus cargos este viernes en un acto celebrado en Granada y presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. La incorporación se produce en un momento clave, ya que el juzgado afronta la investigación del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz.
Una de las magistradas ocupará la Plaza número 2, encargada de la instrucción de la causa por el siniestro, que se saldó con 46 personas fallecidas y más de 120 heridas. Esta plaza asumirá la responsabilidad principal de una investigación especialmente compleja, que podrá desarrollarse de forma colegiada con el apoyo de una segunda jueza.
Desde el Alto Tribunal andaluz se subraya que esta fórmula resulta esencial ante la magnitud del procedimiento, que obligará a abrir múltiples piezas separadas por cada víctima, investigación y parte personada. En este contexto, Lorenzo del Río anunció la solicitud de un juez de refuerzo específico y de nuevos recursos humanos y administrativos. El objetivo es evitar retrasos y garantizar una instrucción ágil y eficaz en un caso de enorme trascendencia judicial y social.
Entre los refuerzos previstos se encuentran la incorporación de personal de tramitación procesal y la petición de un Letrado de la Administración de Justicia, con el fin de aliviar la carga de trabajo del juzgado y permitir que la investigación avance con el ritmo necesario.
En los primeros compases de la causa, Del Río destacó que existe un contacto permanente con la Policía Judicial y la Guardia Civil, asegurando que todas las actuaciones se están desarrollando bajo la supervisión directa de la autoridad judicial, especialmente en lo relativo a la cadena de custodia de las pruebas.
Hasta el momento, el Juzgado de Montoro ha recibido 14 denuncias de víctimas y siete solicitudes de personación como acusación popular, pendientes aún de resolución. El presidente del TSJA apuntó la conveniencia de estudiar la unificación de personaciones para evitar una instrucción excesivamente fragmentada.
Paralelamente, la Fiscalía ha solicitado la práctica de informes periciales para determinar las causas del accidente, proponiendo la designación de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como la apertura de las cajas negras de los trenes en presencia judicial.
La Guardia Civil ha aportado un primer informe preliminar que incluye cerca de 2.500 fotografías, el inventario completo de evidencias, la declaración del maquinista del tren Iryo y la incautación de un tramo de vía desprendido, que será analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Las cajas negras, consideradas elementos clave, serán volcadas con la presencia de la Guardia Civil y la CIAF, en un proceso decisivo para esclarecer responsabilidades y prevenir futuros siniestros.
