Stop Mega-plantas solares del Alto Guadalquivir exige en el Congreso “protección para Morente” ante el avance de las macroplantas solares

La plataforma cordobesa denuncia en Madrid el impacto ambiental y social del proyecto que pretende ocupar más de 600 hectáreas de olivar entre Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Montoro y Córdoba

08 de octubre de 2025 a las 14:26h
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Concentración en Madrid contra las megaplantas solares.
Concentración en Madrid contra las megaplantas solares.

La plataforma Stop Mega-plantas solares del Alto Guadalquivir ha llevado su reivindicación hasta el Congreso de los Diputados para exigir “más protección para Morente”, la pequeña pedanía de Bujalance de apenas 70 habitantes que se enfrenta a la posible construcción de una macroplanta solar de 619 hectáreas, lo que equivale a unos 840 campos de fútbol y supondría la eliminación de cerca de 60.000 olivos.

La organización participó en la jornada Escucha y transición ecológica, donde su portavoz, Cristóbal Gutiérrez, reclamó a los representantes políticos que “defiendan el territorio y los pueblos” frente a proyectos que, según afirmó, “solo benefician a los especuladores”. Gutiérrez denunció que las autoridades justifican estas infraestructuras en nombre del “interés general”, aunque a su juicio provocan un grave deterioro del patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico, además de afectar al turismo, la biodiversidad y el empleo agrícola.

La macroplanta proyectada afectaría a terrenos de varios municipios del Alto Guadalquivir cordobés —Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Montoro y Córdoba—, y está vinculada a los proyectos denominados Guadalquivir 1, Guadalquivir 2, Guadalquivir 4 y Guadame Solar. Según la plataforma, estas instalaciones representarían un “presunto fraude de ley”, ya que las empresas promotoras habrían fragmentado artificialmente los proyectos para evitar la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica, que solo interviene en plantas superiores a 50 megavatios.

A pesar de las numerosas alegaciones presentadas por los vecinos, la Junta de Andalucía las ha desestimado al considerar que los habitantes de Morente “no son parte afectada” al no poseer los olivos que serían talados. Sin embargo, la plataforma ha celebrado una reciente victoria judicial: un propietario afectado ha logrado paralizar cautelarmente la instalación de placas solares cerca de su finca. Esta resolución se suma al precedente de 2023, cuando la empresa promotora desistió de las licencias de obra para las megaplantas Guadalquivir 1 y 4 tras el rechazo de los propietarios de dos fincas, una de ellas El Hierro, perteneciente a Cayetano Martínez de Irujo, quien también se ha mostrado contrario a la instalación de estas infraestructuras.

Desde el Congreso, Gutiérrez destacó que el Ayuntamiento de Bujalance ha aprobado recientemente un plan de protección paisajística que impide instalar macroplantas solares a menos de dos kilómetros del casco urbano, una medida “pionera en la provincia” aunque insuficiente para frenar los proyectos ya aprobados. “Llega tarde, pero demuestra que las instituciones comienzan a entender el problema que sufrimos los vecinos”, señaló el portavoz.

La presencia de la plataforma en Madrid coincidió con la gran concentración nacional convocada por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), que reunió a más de 10.000 personas de toda España para denunciar la proliferación de macroplantas solares y eólicas sin planificación ni control. “Estamos produciendo más energía de la que consumimos y, mientras tanto, se están destruyendo pueblos, paisajes y modos de vida”, lamentó Gutiérrez.

Durante su intervención en el Congreso, los representantes de Aliente advirtieron del peligro de una “burbuja especulativa” en torno a las energías renovables mal reguladas, alertando de que “las macrorenovables sin control solo benefician a los especuladores y amenazan el equilibrio ambiental y social del territorio”.

Con esta acción, Stop Mega-plantas solares del Alto Guadalquivir reafirma su compromiso en defensa de Morente y de los municipios del Alto Guadalquivir, reclamando un modelo de transición energética “más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural”.

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