La crisis de acceso a la vivienda desembocará en una huelga general el próximo 11 de noviembre. CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas han acordado esta fecha junto a otras organizaciones sindicales y colectivos vinculados a las movilizaciones por la vivienda. La convocatoria está planteada como una protesta para reclamar medidas que permitan acceder a una vivienda y mejorar los salarios de los trabajadores.
A la movilización se han sumado también sindicatos con fuerte implantación territorial, entre ellos la gallega CIG y las organizaciones vascas ELA y LAB, además de otras centrales como CGT, Solidaridad Obrera y COBAS.
La fecha elegida sitúa la protesta a pocas semanas de las elecciones generales y prácticamente al comienzo de la campaña electoral. Esta circunstancia ha provocado críticas entre organizaciones sindicales que no respaldan la convocatoria y entre las principales organizaciones empresariales.
CEOE y Cepyme consideran que la protesta tiene un componente político y cuestionan que el coste de la movilización recaiga sobre empresas y trabajadores. También sindicatos como CSIF, USO y FETICO se han mostrado contrarios a la huelga al considerar que las reivindicaciones planteadas exceden el ámbito estrictamente laboral.
Vivienda y salarios, en el centro de la protesta
Los sindicatos convocantes sostienen que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos para los trabajadores. Tanto el precio de los alquileres como el de la compra de viviendas, argumentan, ha aumentado hasta niveles que resultan difíciles de asumir con los salarios actuales.
CCOO y UGT resumen su reivindicación bajo el lema "por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla". Las centrales reclaman, entre otras medidas, actuaciones para contener el coste de la vivienda y aumentos salariales que permitan recuperar poder adquisitivo.
Los sindicatos también apuntan a la evolución de los convenios colectivos. Según los datos que manejan, las subidas pactadas se sitúan este año en torno al 3%, mientras que sus propuestas para la negociación colectiva contemplaban incrementos superiores.
Desde la representación empresarial defienden, en cambio, que los salarios han aumentado en los últimos años y relacionan una mayor capacidad para incrementar las remuneraciones con una mejora de la productividad y una reducción de la presión fiscal.
Una huelga con amplio respaldo sindical
La protesta cuenta con el apoyo de organizaciones de distintos territorios y sectores, aunque todavía está por determinar si se incorporarán sindicatos corporativos con presencia en actividades estratégicas.
Entre las organizaciones cuya posición puede resultar relevante se encuentran SEMAF, con representación entre los maquinistas de Renfe, y sindicatos profesionales del transporte y de la sanidad. La adhesión de estas organizaciones podría tener una especial incidencia en sectores considerados esenciales.
Los sindicatos médicos, por su parte, han decidido poner fin a la huelga indefinida que mantenían y trasladar sus reivindicaciones al próximo Gobierno.
Críticas por la proximidad de las elecciones
La convocatoria también ha abierto un enfrentamiento político. El Partido Popular y Vox han cuestionado que la huelga se produzca a escasas semanas de las elecciones y han acusado a las centrales de utilizar la movilización con fines políticos.
Desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha defendido el derecho constitucional a la vivienda y ha señalado que se trata de una cuestión que afecta directamente a numerosos trabajadores y familias.
La protesta del 11 de noviembre será la primera huelga general respaldada por CCOO y UGT desde 2012, cuando ambas organizaciones convocaron un paro contra las políticas de ajuste aplicadas durante la crisis económica y las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La movilización de noviembre se convertirá así en la novena huelga general apoyada conjuntamente por las dos grandes centrales sindicales desde la recuperación democrática.
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