Los menores de 16 años de municipios del Alto Guadalquivir no podrán acceder a redes sociales tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el World Government Summit. La medida forma parte de un paquete de cinco reformas legislativas y regulatorias para garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.
Sánchez destacó que las plataformas digitales se han convertido en espacios donde "las leyes se ignoran y los delitos se toleran", lo que supone "un peligro especialmente para los menores, que integran estas plataformas en su vida cotidiana". Por ello, el Gobierno planea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
Además, anunció que los directivos de estas plataformas serán legalmente responsables de no retirar contenidos ilegales o de odio, y que la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos nocivos será tipificada como delito. Sánchez adelantó la creación de un sistema de rastreo denominado “Huella de Odio y Polarización” para cuantificar la difusión de discursos de odio y desinformación.
El presidente también informó que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales”, con el objetivo de avanzar de forma coordinada en la regulación eficaz de las plataformas sociales. Sánchez insistió en que estas medidas buscan proteger a los menores y reforzar el control sobre los contenidos digitales que pueden afectar su desarrollo y seguridad.
Paralelamente, la Junta de Andalucía ha planteado medidas complementarias en el ámbito educativo. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, presentó durante el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital ‘Andalucía frente al Acoso’, celebrado en Córdoba, la propuesta de establecer una edad mínima de acceso a redes sociales, siguiendo el ejemplo de Australia. Según Castillo, la iniciativa busca proteger a los menores y reducir los riesgos de acoso y ciberacoso en la región.
Castillo también anunció la apertura de un debate jurídico para tipificar el acoso escolar como delito, así como el refuerzo de los protocolos educativos, de manera que cualquier denuncia presentada sea atendida de inmediato por la inspección educativa. “Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento”, afirmó.
La Junta estudia además medidas para garantizar la protección de las víctimas, incluso en casos de reincidencia, y la traslación del agresor a otro centro educativo como norma general, reforzando la seguridad de los menores. Castillo subrayó que, aunque “la tecnología, en sí misma, no es un problema”, los cambios sociales en la era digital exigen nuevas herramientas de protección y coordinación.
Por su parte, el Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, destacó que las nuevas formas de acoso digital “no están bien tipificadas en la legislación actual” y resaltó la utilidad del Observatorio de Justicia Juvenil para analizar la evolución de los perfiles delictivos y mejorar las medidas preventivas en Andalucía.
Con estas iniciativas, tanto el Gobierno central como la Junta buscan avanzar hacia un entorno digital más seguro y una convivencia escolar protegida, afectando directamente a los menores de la comarca del Alto Guadalquivir, que deberán esperar hasta los 16 años para registrarse en redes sociales y estarán cubiertos por nuevos protocolos de seguridad y control frente al acoso digital.
