El Sindicato Manos Limpias ha comunicado su renuncia a continuar como acusación popular en la investigación judicial del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.
La decisión ha sido trasladada mediante un escrito remitido al Tribunal de Instancia de Montoro, órgano encargado de instruir la causa, en el que el sindicato argumenta que el procedimiento cuenta ya con “suficientes garantías” debido al elevado número de acusaciones personadas y a la presencia del Ministerio Fiscal.
En el documento, Manos Limpias solicita además que se acepte formalmente su desistimiento y se proceda a la devolución de la fianza de 3.000 euros depositada para ejercer la acusación popular.
La causa judicial continúa marcada por el debate sobre la posible unificación de las acusaciones particulares y populares. Actualmente existen 142 acusaciones particulares y seis acusaciones populares personadas en el procedimiento, una situación que llevó a la jueza instructora a plantear hace semanas la posibilidad de agruparlas bajo una única representación y dirección letrada.
La magistrada concedió un plazo de quince días para que las partes alcanzaran un acuerdo voluntario sobre dicha unificación, advirtiendo de que, en caso contrario, podría acordarse de oficio desde el propio órgano judicial.
Posteriormente, el juzgado abrió además un trámite de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre la medida, suspendiendo temporalmente el plazo inicial hasta resolver definitivamente esta cuestión procesal.
Rechazo de algunas familias afectadas
La propuesta de unificación ha generado oposición entre varias de las partes personadas. Entre ellas se encuentra la representación de la familia Morillo, afectada por el fallecimiento de Mario Jara Morillo en el siniestro ferroviario.
La dirección letrada de la familia presentó un recurso defendiendo el derecho de las víctimas a elegir libremente abogado y estrategia procesal, argumentando que la imposición de una representación única podría vulnerar derechos fundamentales relacionados con la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
El accidente ferroviario de Adamuz continúa siendo una de las causas judiciales con mayor complejidad procesal de los últimos años en la provincia, tanto por el elevado número de víctimas como por la cantidad de partes personadas en el procedimiento.
