El juzgado de Montoro encargado de instruir la causa por el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, continúa recibiendo escritos por parte de los afectados por una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en Andalucía. Hasta el momento, el órgano judicial ha recibido al menos una decena de denuncias de familiares de las víctimas mortales, así como siete solicitudes de personación por parte de distintas entidades interesadas en el procedimiento.
Según fuentes judiciales, la causa se presenta especialmente compleja debido a la magnitud del siniestro, que dejó 45 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos tras el choque y posterior descarrilamiento de un tren Iryo y un convoy Alvia a su paso por el término municipal de Adamuz. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha manifestado su confianza en que las distintas denuncias puedan agruparse o unificarse, con el objetivo de evitar dilaciones indebidas y agilizar la instrucción judicial.
En total, se espera que lleguen a los juzgados 45 denuncias relacionadas con los fallecimientos y cerca de 100 por las personas heridas, lo que convierte el proceso en uno de los más relevantes de los últimos años en el ámbito judicial andaluz.
Mientras avanza la investigación, el Tribunal de Instancia número 2 de Montoro mantiene a su disposición los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron, los cuales permanecen inmovilizados y precintados por la Guardia Civil en la denominada zona cero del accidente, en Adamuz. Estos elementos serán clave para esclarecer las causas del siniestro.
Además, la Guardia Civil entregó la pasada semana al juzgado un informe preliminar que incluye un exhaustivo inventario de pruebas: alrededor de 2.500 fotografías tomadas en el lugar del accidente, las dos cajas negras de los trenes implicados y las declaraciones del maquinista del Iryo —ya que el del Alvia falleció en el siniestro—, así como de miembros de la tripulación y de varios pasajeros.
La investigación judicial continúa abierta con el objetivo de depurar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon un accidente que ha marcado profundamente a la comarca del Alto Guadalquivir y al conjunto del país.
