La investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales, da un nuevo giro judicial. La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro número 2 ha ordenado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que no realice ningún trabajo en el tramo del siniestro sin avisar con al menos 15 días de antelación y sin autorización judicial previa.
La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir un correo enviado por Adif el 2 de marzo de 2026, en el que la entidad comunicaba tareas de mantenimiento previstas en la zona del accidente. Concretamente, se trataba del cambio de una sección de carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, programado para la noche del 3 al 4 de marzo.
Una medida para proteger la investigación
Con esta providencia, la jueza pretende garantizar que el escenario del accidente permanezca intacto mientras continúan las pesquisas judiciales. A partir de ahora, cualquier intervención en ese tramo ferroviario requerirá autorización judicial, además de un aviso previo con dos semanas de margen.
La decisión llega en un momento clave del proceso, cuando los investigadores comienzan a analizar las cajas negras de los trenes implicados.
Análisis de las cajas negras
Este jueves, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) analiza el contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados: uno de Iryo y otro de Renfe.
El juzgado autorizó el pasado lunes el acceso, extracción y análisis de los datos, así como la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren de Iryo.
El procedimiento se está llevando a cabo en las instalaciones de la CIAF, donde se encuentran los equipos técnicos necesarios. Según la orden judicial, podrán utilizarse programas informáticos especializados para comprobar:
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la integridad de los archivos,
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su fecha de creación,
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posibles manipulaciones,
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y cualquier otro dato relevante para esclarecer lo ocurrido.
Control judicial y evidencias digitales
La diligencia se realiza bajo estricta supervisión. Agentes de la Policía Judicial están presentes durante todo el proceso y levantarán acta del procedimiento, obteniendo evidencias digitales certificadas del contenido analizado.
Los investigadores deberán conservar una copia de los datos para continuar la investigación, mientras que otra copia será entregada de forma inmediata al juzgado.
Además, todo el procedimiento se desarrolla en presencia de un letrado, encargado de redactar el acta oficial.
Por qué no se trasladaron los equipos a Montoro
Inicialmente se planteó trasladar el material a analizar hasta Montoro, pero finalmente se descartó esa opción. La jueza decidió mantener el proceso en las instalaciones de la CIAF para evitar los riesgos que implicaría mover los equipos de grabación.
Con el análisis de las cajas negras en marcha y la zona del accidente bajo protección judicial, los próximos días pueden ser decisivos para aclarar qué ocurrió realmente en el siniestro ferroviario de Adamuz.
