La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz afronta una nueva fase. La jueza Cristina Pastor, encargada del caso, ha citado para el próximo 12 de noviembre a técnicos de Renfe, Iryo y otras empresas, junto a los peritos judiciales, para examinar los datos almacenados en las cajas negras de los dos trenes implicados en el siniestro.
La diligencia se celebrará en el Tribunal de Instancia de Montoro, donde los especialistas tendrán que completar la extracción de la información y proceder a su descifrado e interpretación. El objetivo es conocer con mayor precisión qué ocurrió antes del accidente y determinar qué información pueden aportar estos dispositivos al esclarecimiento de los hechos.
Para llevar a cabo estos trabajos, el juzgado ha solicitado que se preparen los medios informáticos necesarios, atendiendo a los requisitos planteados por Hasler Rail, fabricante de los equipos de registro. Su intervención técnica será importante para acceder correctamente a los archivos y facilitar su análisis.
Antes de esa cita, los profesionales convocados, a excepción de los peritos judiciales que ya desempeñan esa función, deberán prestar juramento como peritos el 29 de octubre. El trámite se realizará por videoconferencia, por lo que recibirán un enlace en sus correos electrónicos para participar sin necesidad de desplazarse hasta las dependencias judiciales.
Las cajas negras de los trenes constituyen una de las pruebas técnicas más relevantes de la investigación. En ellas se almacena información sobre la velocidad de circulación, los movimientos de los convoyes, el funcionamiento de determinados sistemas de seguridad y las actuaciones de los maquinistas. Estos registros pueden ayudar a reconstruir la secuencia del accidente y contrastar los datos con otras pruebas reunidas durante las diligencias.
Los dispositivos ya fueron objeto de una primera intervención el pasado 5 de marzo, cuando se procedió a su apertura en las instalaciones de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid. La actuación se llevó a cabo después de que el juzgado autorizara, el 26 de febrero, el acceso y la extracción de los archivos almacenados en los registradores.
Aquella autorización también permitió acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, así como utilizar herramientas informáticas para comprobar la integridad de los archivos y detectar posibles modificaciones.
Durante el procedimiento estuvieron presentes agentes de la Policía Judicial, que documentaron las operaciones realizadas y obtuvieron copias de los datos recuperados. Parte de esa información quedó bajo su custodia para continuar con las pesquisas, mientras que otra copia fue entregada al órgano judicial.
Los trabajos se realizaron en Madrid para evitar los riesgos que podía suponer el traslado de los equipos hasta Montoro. Ahora, la nueva diligencia pretende avanzar en la interpretación de toda esa información y resolver las cuestiones técnicas que todavía están pendientes.
Añadir Beconet Noticias como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
