El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lopera, Francisco Jesús Sevilla, ha cuestionado la interpretación realizada por el PSOE local tras el archivo provisional de la causa penal relacionada con los proyectos de plantas fotovoltaicas en el término municipal, al considerar que dicha resolución judicial no avala la legalidad administrativa ni urbanística de las instalaciones proyectadas.
Según ha trasladado Sevilla en declaraciones remitidas a los medios, el auto judicial se limita a descartar la existencia de responsabilidad penal, al no apreciar delito de prevaricación ambiental ni contra la fauna, pero no entra a valorar la corrección del procedimiento administrativo seguido para la autorización de las macroplantas. En este sentido, ha subrayado que el archivo de la causa penal “no equivale a una validación de todo el proceso” ni supone un respaldo a las decisiones urbanísticas adoptadas.
El portavoz de IU ha señalado que la propia resolución judicial hace referencia a posibles anomalías en la tramitación y recuerda que el control de este tipo de actuaciones corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y a los mecanismos administrativos ordinarios. A su juicio, esto implica que el debate jurídico sobre los proyectos fotovoltaicos “no está cerrado” y que aún pueden revisarse las autorizaciones concedidas.
Sevilla ha criticado lo que considera una “lectura interesada y triunfalista” por parte del equipo de gobierno del PSOE en Lopera, al advertir de que el archivo penal no puede utilizarse como argumento para acelerar licencias urbanísticas ni para dar por resueltas las dudas existentes sobre el impacto de estas instalaciones. En este punto, ha afirmado que el archivo “no es un aval político ni urbanístico” para la transformación de grandes extensiones de suelo agrícola en suelo destinado a uso energético.
IU ha reiterado su preocupación por la afección de estos proyectos al modelo económico del municipio, fuertemente vinculado al olivar y a la actividad agraria, así como por la posible fragmentación de los proyectos y su impacto territorial y socioeconómico sobre agricultores y propietarios.
Por último, el portavoz ha anunciado que su formación estudiará la posibilidad de impulsar iniciativas ante la Junta de Andalucía para que se revisen las autorizaciones administrativas y ambientales concedidas. IU ha pedido prudencia y transparencia al equipo de gobierno municipal y ha reclamado que no se utilice una resolución penal para dar por zanjadas cuestiones administrativas que, según sostiene, siguen abiertas y pendientes de revisión.
