La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga a una sociedad mercantil y a dos de sus responsables por su presunta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de una posible gestión irregular de residuos, tras detectarse vertidos de lixiviados de alperujo en una instalación situada en Villa del Río.
Según ha informado la Guardia Civil, los informes periciales elaborados durante la investigación concluyen que las filtraciones han generado un riesgo grave para la masa de agua subterránea “Aluvial del Guadalquivir”, catalogada como de alta vulnerabilidad, además de para los terrenos afectados por los vertidos.
La investigación también ha permitido comprobar que la entidad ya fue objeto de un expediente sancionador incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2019 por hechos de naturaleza similar.
Las actuaciones comenzaron después de que los agentes detectaran varios episodios de vertidos procedentes de las balsas de almacenamiento de la instalación. Los lixiviados alcanzaban terrenos colindantes y suponían un riesgo para el medio natural y las aguas subterráneas de la zona.
Durante las inspecciones, los agentes del Seprona de Montoro comprobaron importantes deficiencias en las infraestructuras de contención, así como la acumulación de lixiviados y aguas industriales. Además, observaron que los sistemas de evacuación se encontraban obturados, una circunstancia que favorecía el desbordamiento de las balsas durante los episodios de lluvia.
Las muestras de agua recogidas fueron analizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los resultados revelaron valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de hasta 112 veces superiores al límite legal permitido, confirmando el elevado potencial contaminante de los vertidos.
Los investigadores también detectaron indicios de que, tras las primeras inspecciones, se realizaron movimientos de tierras y la retirada de lodos en el interior de la instalación, unas actuaciones que, presuntamente, buscaban dificultar la constatación visual de los daños ocasionados.
Asimismo, las comprobaciones documentales realizadas durante la investigación permitieron detectar presuntas irregularidades relacionadas con la autorización ambiental de la instalación y con la gestión de los residuos generados.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro. Además, la Guardia Civil ha interesado la adopción de medidas cautelares para evitar nuevos vertidos, garantizar la correcta gestión de los lixiviados y asegurar la restauración ambiental de la zona afectada. Paralelamente, los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba por las posibles infracciones administrativas detectadas.
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