Las administraciones comienzan a articular medidas de apoyo para los municipios afectados por el reciente tren de borrascas que ha provocado inundaciones, evacuaciones y daños materiales en amplias zonas de Andalucía, incluida la provincia de Córdoba y la comarca del Alto Guadalquivir.
El Gobierno de España ha anunciado su intención de declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios más castigados por el temporal, una figura administrativa que sustituye a la antigua “zona catastrófica” y que permite activar ayudas extraordinarias para particulares, empresas, agricultores e infraestructuras públicas. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha garantizado que todos los recursos del Estado estarán a disposición de las comunidades y ayuntamientos afectados.
Esta declaración abre la puerta a indemnizaciones por daños en viviendas y explotaciones, exenciones o reducciones fiscales, ayudas para la reparación de infraestructuras municipales y apoyo específico a sectores especialmente perjudicados, como el agrícola o el de los trabajadores autónomos.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Ejecutivo central la activación de estos mecanismos, así como el acceso al Fondo de Contingencia del Estado y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, ante lo que califica como pérdidas millonarias derivadas de las lluvias persistentes, los desbordamientos de ríos y los daños en carreteras, servicios básicos y zonas productivas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado también la necesidad de flexibilizar el uso de fondos europeos para destinarlos a la recuperación de las zonas afectadas.
En paralelo, colectivos profesionales y organizaciones agrarias han reclamado medidas urgentes, especialmente para agricultores y autónomos que han sufrido anegaciones de fincas, pérdida de cosechas, daños en instalaciones y paralización de la actividad económica. Estas entidades insisten en la necesidad de que las ayudas se tramiten con rapidez para evitar un impacto prolongado en el tejido productivo local.
Mientras se concretan las declaraciones oficiales y los paquetes de ayudas, los ayuntamientos continúan realizando evaluaciones preliminares de daños, coordinando dispositivos de seguridad y manteniendo labores de limpieza y prevención en cauces, caminos rurales e infraestructuras municipales, a la espera de que las distintas administraciones concreten los plazos y requisitos para acceder a las ayudas anunciadas.
