El Gobierno de España ha aprobado una modificación de la normativa destinada a combatir las estafas telefónicas y los mensajes fraudulentos, aplazando hasta el próximo 15 de septiembre la entrada en vigor de una de las medidas más importantes para prevenir la suplantación de identidad mediante SMS y otros sistemas de mensajería electrónica.
La decisión afecta a la obligación que tendrán los operadores de telecomunicaciones de bloquear aquellos mensajes enviados utilizando alias o identificadores que no estén inscritos en el Registro de Alias gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta herramienta pretende garantizar que los nombres utilizados por empresas, entidades financieras, administraciones públicas y otros organismos sean auténticos y verificables.
La normativa original contemplaba que esta medida comenzara a aplicarse el 7 de junio de 2026. Sin embargo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido ampliar el plazo tras comprobar la complejidad técnica y administrativa que supone registrar y validar todos los alias actualmente en uso.
Según explica la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, el objetivo es evitar que empresas, entidades y organismos que utilizan identificadores legítimos puedan ver bloqueadas sus comunicaciones por no haber completado aún el proceso de registro. Entre los mensajes que podrían verse afectados figuran avisos sanitarios, recordatorios de citas médicas, notificaciones administrativas o comunicaciones relacionadas con servicios esenciales.
La lucha contra las estafas telefónicas y la suplantación de identidad se ha convertido en una prioridad para las autoridades ante el aumento de los intentos de fraude mediante mensajes que aparentan proceder de bancos, empresas de mensajería, compañías de servicios o administraciones públicas.
Con esta ampliación del calendario, el Ejecutivo busca garantizar que el nuevo sistema entre en funcionamiento con todas las garantías técnicas y jurídicas, reforzando la protección de los usuarios sin perjudicar las comunicaciones legítimas que millones de ciudadanos reciben diariamente en sus teléfonos móviles.