El Consejo de Ministros aprobó este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que queda fijado en 1.221 € brutos al mes en 14 pagas, con entrada en vigor retroactiva desde el 1 de enero de 2026. Esta medida supone un incremento del 3,1 % respecto a 2025, equivalente a 37 € más al mes para los trabajadores que perciben el salario mínimo.
Según cifras oficiales, la subida del SMI afectará a más de 1,5 millones de trabajadores en todo el país, con especial incidencia en jóvenes, mujeres, empleados temporales, trabajadores agrícolas y del sector servicios, colectivos con mayor presencia entre los perceptores del salario mínimo. Además, se ha ajustado la deducción en el IRPF para reducir el impacto fiscal sobre estas rentas bajas, aumentando el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.
La aprobación del nuevo SMI se formalizó en un acto con la presencia del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y contó con la firma de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. La patronal CEOE, por su parte, no participó en la firma, generando críticas por parte del Gobierno, que defendió la medida como un paso esencial para garantizar salarios dignos y reducir la desigualdad salarial en España.
Los sindicatos celebran la subida como una victoria histórica para los trabajadores, destacando que permitirá mejorar las condiciones de empleo de colectivos especialmente vulnerables, como los jóvenes y los trabajadores temporales en el ámbito agrícola y de hostelería. Por su parte, las asociaciones empresariales advirtieron que un aumento del SMI de esta magnitud podría generar presión sobre las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores con alta temporalidad y bajos márgenes.
El nuevo SMI de 1.221 € mensuales se traduce en 17.094 € brutos anuales, garantizando que los trabajadores con salarios más bajos vean un incremento directo en su renta disponible. Los expertos señalan que esta medida tiene un doble efecto: fortalece la economía doméstica de los hogares con menos ingresos y estimula el consumo local, mientras refuerza la cohesión social al asegurar que los empleos más precarios alcancen un nivel mínimo de dignidad salarial.
