El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La medida introduce nuevos tramos de renta, topes máximos mensuales y refuerza la protección para pensionistas, pacientes crónicos y personas con menos recursos económicos.
La reforma responde, según recoge el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, a la necesidad de adaptar el actual modelo de copago a la situación económica derivada del aumento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias. El objetivo principal es evitar que el precio de los medicamentos pueda convertirse en una barrera para seguir tratamientos médicos esenciales.
Entre las principales novedades destaca la ampliación de los niveles de aportación. Los asegurados activos pasan de tres a seis tramos de renta y los pensionistas de tres a cuatro, ajustando así el porcentaje de pago a la capacidad económica de cada usuario.
El nuevo sistema fija porcentajes de aportación que van desde el 40% para rentas más bajas hasta el 60% para quienes superen los 100.000 euros anuales. Además, se establecen límites máximos mensuales para evitar gastos excesivos en tratamientos de larga duración. Así, las personas activas con ingresos inferiores a 9.000 euros tendrán un tope máximo de 8,23 euros al mes, mientras que los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros mantendrán ese mismo límite.
La normativa también mantiene la exención total de copago para colectivos vulnerables como perceptores del ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, personas desempleadas sin subsidio o pensionistas con complementos a mínimos.
El Ejecutivo defiende que esta modificación pretende garantizar una mayor equidad en el acceso a los medicamentos y reducir los riesgos de abandono de tratamientos, especialmente entre pacientes crónicos y personas con menor capacidad económica. La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.