La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado el informe de fiscalización sobre la contratación pública y la gestión de personal de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) correspondiente al ejercicio 2023. El organismo emite una opinión favorable con salvedades, al considerar que la actividad desarrollada se ajusta en términos generales a la legalidad, aunque identifica diversas incidencias relevantes en materia contractual y de recursos humanos.
Entre los aspectos más destacados figura la falta de planificación de la actividad contractual. El informe señala que la Agencia incumplió la obligación legal de disponer de un plan de contratación y destaca que seis de los veinte expedientes analizados, el 30 %, fueron tramitados por la vía de urgencia, una circunstancia que, según los auditores, podría haberse evitado mediante una mejor previsión de las necesidades.
La Cámara también detecta posibles casos de fraccionamiento indebido de contratos. Los auditores identifican adjudicaciones con el mismo objeto contractual realizadas al mismo proveedor y otras repartidas entre distintos adjudicatarios cuando, por su importe y características, deberían haberse tramitado mediante procedimientos abiertos con mayor concurrencia.
Otro de los puntos señalados es el elevado peso de los contratos menores. Durante 2023 se contabilizaron 133 contratos menores, que representan el 51,35 % del total de contratos formalizados por la Agencia. Además, el informe destaca que 53 contratos se situaron entre los 14.000 y 15.000 euros y que 26 de ellos superaron los 14.900 euros, muy próximos al límite legal establecido para este tipo de contratación.
Respecto a la concurrencia en estos expedientes, la Cámara indica que en 18 de los 21 contratos menores analizados no constaban tres ofertas alternativas y que en 11 de ellos tampoco figuraba una justificación suficiente de la elección del adjudicatario.
La fiscalización también pone de manifiesto retrasos en la publicidad de los contratos. Según el informe, la demora media en la publicación de las adjudicaciones fue de 68 días, mientras que la formalización de los contratos registró un retraso medio de 115 días. En los contratos sujetos a regulación armonizada, la comunicación al Diario Oficial de la Unión Europea acumuló una demora media de 100 días.
En materia de personal, la Cámara cuestiona la asignación de un complemento de productividad de 4.176 euros a un alto cargo, al tratarse de una cuantía fija no vinculada a una evaluación del rendimiento, circunstancia que considera contraria a la finalidad legal de este complemento retributivo.
Asimismo, el informe alerta sobre el riesgo de que determinados servicios tecnológicos contratados externamente puedan ejecutarse en condiciones que permitan presumir una relación laboral encubierta, al desarrollar funciones que forman parte de las competencias ordinarias de la propia Agencia.
La Cámara también cuestiona la justificación económica de varios encargos realizados a la empresa pública SANDETEL. En nueve de los catorce expedientes analizados no se aportaron estudios comparativos que acreditaran las ventajas económicas alegadas para recurrir a este medio propio.
Pese a estas observaciones, el órgano fiscalizador destaca que la Agencia Digital de Andalucía ha asumido el proceso de centralización de la gestión tecnológica de la Junta de Andalucía y que su presupuesto ha pasado de 147 millones de euros en 2021 a más de 510 millones en 2025, consolidándose como uno de los principales organismos de transformación digital de la comunidad autónoma.
Fuente: BOJA
