A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores españoles deberán llevar en el coche una baliza V-16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este pequeño dispositivo luminoso sustituirá a los triángulos de emergencia y se presenta como un avance en seguridad vial.
Un nuevo mercado con millones de clientes asegurados
La DGT insiste en que la baliza V-16 conectada salva vidas: permite señalizar una avería sin tener que salir del vehículo y envía la ubicación automáticamente a la plataforma DGT 3.0, para que el resto de conductores la vean en tiempo real en su navegador o GPS.
Sin embargo, entre conductores se tiene otro punto de vista. Cada vehículo matriculado en España deberá tener una baliza antes de 2026. Si calculamos unos 25 millones de coches y un precio medio de entre 40 y 60 euros por unidad, el pastel supera fácilmente los 1.000 millones de euros.
Un negocio redondo que ya ha puesto en marcha una avalancha de fabricantes, distribuidores y vendedores.
Pocas empresas, mucho mercado
Según varias informaciones publicadas por medios nacionales, tres empresas concentran en torno al 60% del mercado de balizas V-16 homologadas.
Otras fuentes, apuntan que 27 compañías concentran toda la fabricación de las 233 balizas autorizadas por la DGT, y que una sola empresa china acumula más de un tercio de las homologaciones.
Esto significa que, aunque el consumidor crea que hay muchas marcas distintas, en realidad el negocio está muy concentrado y dominado por unos pocos fabricantes con control sobre la oferta y sobre los precios.
Fabricar, vender, conectar: el triple negocio
El negocio no se queda solo en la venta. Las balizas “conectadas” llevan un chip y una tarjeta SIM que las comunica con los servidores de la DGT. Esa conectividad puede implicar costes adicionales, suscripciones o mantenimiento, según el fabricante. Algunas marcas promocionan su producto como “fabricado en España”, pero buena parte de los componentes llegan de Asia.
Y, mientras tanto, proliferan versiones falsas o no homologadas que se venden por internet a mitad de precio, sin garantía de funcionamiento. La confusión del consumidor es total.
Nadie duda de que mejorar la seguridad es importante. Pero cuando la medida convierte a millones de conductores en compradores obligados y unas pocas empresas se reparten los beneficios, es lógico que surjan las dudas.
La obligatoriedad de la baliza V-16 conectada se puede defender como un avance en seguridad vial, menos tiempo de exposición en la calzada, mayor visibilidad y conectividad informando al instante. Pero también se presta a la polémica: un mercado nuevo, obligado, con pocas empresas que lo controlan, márgenes importantes y costes para el conductor. Conviene una mirada crítica: la seguridad debe ir acompañada de transparencia, competencia y protección del consumidor.
